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En la alocución previa a cumplir los tres años de mandato, el presidente Gustavo Petro volvió a mostrar sus dos caras. Por un lado, un estadista que pide respetar las instituciones y está orgulloso de los resultados de su propia gestión. Por otro, un mandatario hostil a las críticas, que ve enemigos en cualquiera que se atreva a criticarlo y que está construyendo una campaña política sobre acusaciones infundadas de persecución en su contra. Esa ambivalencia, así como el desinterés por unir a las “dos Colombias”, son ya parte de su legado, de su estilo como gobernante y también marcan su aporte a la polarización del país.
Por ejemplo, hablando de él mismo en tercera persona, dijo: “Al presidente lo censuran todos los días”. Que lo haya hecho en medio de una alocución tan larga como él la quiso, transmitida tanto en canales públicos como privados, le daría pausa a cualquier otra persona con mejor autopercepción. Empero, eso no cabe en la narrativa de la Casa de Nariño. Pero la realidad ha sido otra: el presidente ha puesto la agenda noticiosa de los últimos tres años, cada una de sus declaraciones es ampliamente cubierta y discutida, su influencia sobre RTVC ha hecho que su mensaje tenga un espacio de difusión sin mayores críticas, sus contratos estatales con influenciadores ha garantizado que en las redes sociales el discurso oficialista tenga un impacto inevitable, sus alocuciones no se han interrumpido a pesar de los fallos judiciales que pidieron modificaciones para cumplir la norma y sus discursos en plaza pública también han tenido eco en cada rincón del país. Es extraño que el mandatario se sienta censurado cuando Colombia no ha tenido debate en el que su voz no se sienta, en el que su perspectiva no sea referente. Ahora, que cada una de sus ideas haya sido recibida con resistencia y sea rebatida es otra cosa, pero eso no es censura, es simple democracia.
A propósito del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, el mandatario dijo que “irrespetan a la justicia todos los días diciendo que él (Álvaro Uribe) no debe estar preso. No me voy a meter en eso, no diré si sí o no, pero la justicia se respeta en Colombia”. Un mensaje necesario y que celebramos viniendo del presidente de todos los colombianos. Sin embargo, en el mismo discurso no se abstuvo él mismo de criticar y estigmatizar a la justicia, como cuando en medio de una hipérbole terminó acusando a magistrados de estar interesados en matar niños: “Y así quieren que suspendamos el modelo de salud, que estamos desarrollando. ¿Quieren que mueran los niños? Así un magistrado acuse a nuestro ministro de Salud (Guillermo Jaramillo), que se merece la Cruz de Boyacá”.
No es la primera vez que ha criticado a los jueces. Sus rencillas con el Consejo de Estado están bien documentadas, hace poco dijo que Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, “no quiere la ley pensional y espera aplazarla por miedo a su efecto electoral”. Hablando de otras instituciones, hace apenas unos días tuvimos que discutir cómo el presidente acusa al Banco de la República de “vampirismo” y de querer “acabar la economía colombiana”. Volviendo a la alocución, dijo que los gobernadores de Meta y Tolima lo odian, y que el alcalde de Bogotá es un arrogante. Cada vez que alguien en una posición de poder está en desacuerdo con un interés de la Casa de Nariño, al presidente se le olvida la importancia de respetar las instituciones y los acusa de conspiraciones, de intervención en política, de una conspiración contra el gobierno del pueblo. Parece que ese actuar de señalar y criticar es reprochable cuando lo hacen otros, pero justo y necesario cuando proviene del presidente. Se cumplen tres años de un estilo de gobierno conflictivo y ambivalente, que es otra palabra para la incoherencia.
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