Aunque la campaña presidencial se lleva por estos días la atención del país entero, el Congreso sigue trabajando y los analistas coinciden en el mismo pronóstico: varias de las reformas más importantes para la Casa de Nariño se hundirán. El presidente Gustavo Petro ha utilizado esto para atacar a los congresistas e intervenir en las elecciones, pidiendo a los colombianos que firmen su convocatoria a una asamblea nacional constituyente y que le den más años en el poder a su proyecto político. Por su parte, la oposición ha buscado mostrar esta situación como un acto de valentía y de defensa de la patria; una reivindicación de la democracia. Sin embargo, es prudente alejarse un poco de la coyuntura para hacer una pregunta existencial: ¿de qué sirve una institucionalidad incapaz de reformarse a sí misma y de responder a las necesidades de las personas?
Podemos buscar culpables, sin duda. Por ejemplo, que el Ministerio de la Igualdad esté en vísperas de ser sepultado es una consecuencia directa de la mediocridad del Gobierno y su bancada al momento de crearlo, y también de que en estos años ha sido una puerta giratoria de funcionarios con escándalos, falta de ejecución y sobre todo de visión para justificar su existencia. O la reforma a la salud, que está buscando ser revivida con un recurso con pocas probabilidades de éxito, fue primero liderada por Carolina Corcho, una ministra de Salud hostil al diálogo y que ayudó a romper la primera coalición con la que gobernó el presidente Petro, y luego por Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha conservado su cargo más por hacer eco de los peores impulsos del mandatario que por darles confianza a los actores afectados por la crisis del sistema, comenzando por los pacientes. A menudo, la Casa de Nariño buscó que el Congreso le aprobara sus iniciativas sin abrir espacio a concesiones o diálogos productivos.
No pueden salir impunes, empero, muchos congresistas, eso también hay que decirlo. La oposición terca y arrogante se atrincheró creyendo que podría ganar las elecciones negando cualquier iniciativa gubernamental. No olvidamos, por citar uno de múltiples ejemplos, a Efraín Cepeda, quien como presidente del Senado obstaculizó una necesaria ley de financiamiento solo para, unos meses después, ver que su aspiración presidencial se estrellaba con la indiferencia del electorado. Ahora, un proyecto tan necesario como la Jurisdicción Agraria está trancado por las triquiñuelas de los partidos de oposición, que han buscado romper el quórum esperando que llegue el fin de la legislatura sin que avance la legislación. Si eso es democracia, el sistema necesita reformarse.
Lo que nos aterriza en una preocupación genuina: el estancamiento les envía el mensaje a los colombianos de que la institucionalidad es incapaz de identificar sus falencias y dar respuestas eficientes a los afanes del día a día. Lo estamos viendo en todas las democracias liberales, donde los populismos de izquierda y de derecha se cotizan al alza ante el hastío de los votantes. No podemos olvidar que la pasada segunda vuelta presidencial fue entre dos outsiders, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, ni tampoco se puede ignorar que dos de las candidaturas más opcionadas este año, tanto la de Iván Cepeda como la de Abelardo de la Espriella, están surfeando sobre una ola de indignación con la falta de soluciones.
¿De qué sirve un Congreso estancado e incapaz de conciliar? ¿Cuál es la utilidad de una clase política experta en el arte de obstaculizar cualquier reforma? Todo eso alimenta el fuego retórico de quienes quieren liderazgos más autoritarios, así eso implique desmontar el sistema de pesos y contrapesos y poner en riesgo la democracia.
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