Héctor Alfonso Carvajal sabe que llega a la Corte Constitucional con un interrogante gigante sobre sus hombros. Por ser amigo personal del presidente de la República, así como abogado de altos funcionarios y personajes como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus hijos, carga con un cuestionamiento a su legitimidad, independencia y capacidad de distanciarse de la clase política que con tanto entusiasmo apoyó su candidatura. El alto tribunal ha sido un baluarte del equilibrio de poderes en un país dado a la cooptación de todos los poderes por un grupo de personas que se conocen entre sí. ¿Podrá demostrar, con sus decisiones y con sus declaratorias de conflictos de intereses, que la institución siempre va primero?
Decimos que Carvajal lo sabe porque en su discurso lo hizo evidente. “No defiendo a Gustavo Petro como individuo, sino a la institucionalidad del presidente. Mi independencia está a toda prueba del Gobierno Nacional. Mi pensamiento es libre”, dijo. Y agregó: “Con mi llegada a la Corte se pierde el temor que se tiene de que va a llegar una persona que, por ser cercana al presidente de la República, no va a gozar de una imparcialidad, de una defensa de la Constitución, de las leyes, de la estabilidad institucional”. Es sin duda lo que necesitábamos escuchar, pero como ha pasado tantas veces de manera reciente, en este y en gobiernos anteriores, serán los hechos los que demuestren que en efecto hay esa autonomía profesada.
Deja mal sabor, sin embargo, que Carvajal haya aceptado la nominación sabiendo que en cuatro años tendría que salir por retiro forzoso. Circuló entre los congresistas un concepto jurídico que dice que tal disposición no aplica para magistrados de la Corte Constitucional, pero sería un irrespeto a los colombianos y a los demás servidores públicos que haya ese tipo de excepciones. A Colombia y su institucionalidad las consumen los personalismos que se creen superiores a las normas.
Más allá de eso, Carvajal llega con un apoyo amplio: el Pacto Histórico, Partido Verde, de la U, Liberal, Conservador y Centro Democrático votaron por él. Sesenta y seis votos que son motivo de orgullo para el magistrado, pero de justa sospecha para los colombianos. El Congreso no es muy conocido por elegir contra sus propios intereses. Similar a lo que ocurrió con el hoy procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, Carvajal tendrá que demostrar que no está atado a lealtades políticas.
Especialmente porque lo que necesita nuestro país son instituciones que cumplan sus deberes constitucionales sin consideración por los apellidos que estén en la Casa de Nariño y en el Congreso de la República. La Corte Constitucional tiene un compromiso con los colombianos de proteger el equilibrio de poderes, los derechos fundamentales y la garantía de una democracia que es más grande que los mesianismos. En tiempos cuando varias democracias occidentales están a la deriva de los autoritarismos y sus ramas judiciales se convierten en cómplices útiles, como en Estados Unidos, la Corte Constitucional colombiana está llamada a seguir siendo un referente regional por su autonomía. Ese es, ni más ni menos, el legado que Carvajal y los magistrados que se elegirán este año tendrán que hacer cumplir.
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