La condena del Tribunal Superior de Antioquia contra Santiago Uribe, el menor de los hermanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tiene hallazgos muy dolorosos para la historia del país y sigue mostrando que la Rama Judicial se ha tomado en serio la labor de investigación y análisis en procesos de alto impacto para el debate público. Uribe, quien todavía cuenta con recursos judiciales, pues fue condenado en segunda instancia después de haber sido absuelto en primera, ha utilizado la defensa de que se trata de una persecución política. Su hermano y sus copartidarios han hecho eco de esa postura, pero como ocurrió en el proceso contra el expresidente, es fundamental respetar la labor de la Rama Judicial y reconocer que se ha garantizado el debido proceso.
La sentencia del Tribunal Superior de Antioquia fue unánime, detalle no menor, pues en las páginas se leen conclusiones muy graves. Para los magistrados, es claro que Santiago Uribe conformó y dirigió un grupo armado ilegal que, desde la hacienda La Carolina (...), llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática a personas consideradas como indeseables”. Se refieren a Los 12 Apóstoles, un grupo de paramilitares financiados por ganaderos y empresarios que han sido vinculados a más de 300 asesinatos. Por esto Uribe fue condenado a 28 años y 4 meses de cárcel bajo los delitos de concierto para delinquir agravado, conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado. Todo en relación con un asesinato particular: el de Camilo Barrientos.
Por el asesinato de Barrientos también fue condenado el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses a 27 años de cárcel. Según los testimonios en el expediente, Santiago Uribe recopiló información sobre supuestas relaciones de Barrientos con las FARC, lo incluyó como objetivo del grupo paramilitar y ordenó su muerte con alias “Rodrigo”, su mano derecha en Los 12 Apóstoles. Barrientos fue asesinado el 25 de febrero de 1994. Esta decisión, de queda en firme, abre a Uribe la responsabilidad por otros homicidios asociados con Los 12 Apóstoles.
Una parte importante de la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia se dedica a criticar el fallo absolutorio original. Para demostrar la gravedad del caso, los magistrados argumentan que “el juez (de primera instancia) pareció olvidar el contexto de lo ocurrido, en el que varios testigos fueron asesinados por el grupo criminal o fueron seriamente perseguidos por pertenecer al grupo o por conocer cualquier aspecto acerca de su temible accionar”. También se molestaron con la defensa de Santiago Uribe, que hizo múltiples intentos por demostrar que todo se trataba de una persecución jurídica para afectar a la familia de Álvaro Uribe. Al respecto, el tribunal concluye que las pruebas del proceso “en nada se relacionan con conspiraciones políticas o de esa naturaleza”. Aquí la unanimidad cobra relevancia: que todos los miembros del alto tribunal hayan estado de acuerdo les da aún más legitimidad y peso a sus conclusiones.
Las reacciones han sido las esperadas. El ataque a los jueces cuando emiten sentencias en contra de personas con alto perfil político es habitual, pero no deja de ser una estrategia muy dañina para la institucionalidad colombiana. Santiago Uribe ha tenido a su disposición todas las garantías jurídicas y la protección de sus derechos fundamentales. De hecho, aún cuenta con recursos para cuestionar las conclusiones del Tribunal Superior de Antioquia. Así como ocurrió en el caso de Álvaro Uribe, lo que hemos visto es a la Rama Judicial hacer su trabajo con transparencia, rigurosidad y siempre de cara al país. En los hechos que involucran a Santiago Uribe se abren muchas preguntas que la misma justicia tendrá que seguir respondiendo. Nadie puede estar por encima de la ley.
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