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En un gesto sin precedentes en la historia del país, el antiguo secretariado de las FARC reconoció su completa responsabilidad de manera pública por el reclutamiento de unos 18.000 niños, niñas y adolescentes, así como por los hechos de violencia sexual a los que fueron sometidos durante el conflicto. En una carta que conoció El Espectador, y en un video, los excombatientes pidieron perdón mientras se pusieron a disposición de cualquier aclaración que las víctimas necesiten en el marco de uno de los crímenes más crueles cometidos por la guerrilla. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ve así validada su exhaustiva investigación, que el año pasado causó polémica entre el antiguo secretariado por no estar del todo de acuerdo con los hallazgos. Sin embargo, las evidencias del tribunal de paz son incontrovertibles.
Las cifras son devastadoras, como es común en todo lo relacionado con el conflicto armado colombiano. Durante la imputación, la JEP encontró que las FARC son responsables por el reclutamiento forzado de por lo menos 18.677 menores de edad, con especial ocurrencia entre 1996 y 2016. De esos, el 30 % tenía menos de 15 años. Casi una de cada cuatro víctimas (24 %) dijo haber sufrido violencia de género, mientras que el 35 % de todas las niñas y adolescentes mujeres fueron abusadas sexualmente. Esos tratos inhumanos fueron una traición a la población más vulnerable de Colombia, especialmente protegida por la Constitución. Según la investigación que lideró la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, las FARC, entre otras conductas delictivas, cometieron malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas, violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas, violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutados, y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutados con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas. Es un escenario muy doloroso.
Para los antiguos miembros de las FARC, todos los delitos relacionados con violencia sexual se convirtieron en un obstáculo para el pleno reconocimiento. Ha sido difícil que acepten la realidad de lo ocurrido ante crímenes que, según ellos, estaban proscritos por sus propias leyes internas.
Por eso es tan importante la carta firmada por Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez. En ella dicen: “Asumimos de manera consciente nuestra responsabilidad como máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera, respecto a los hechos y las conductas que se procesan en este expediente del Caso 07. (...) Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias”.
A pesar de las protestas expresadas el año pasado, el antiguo secretariado las retiró en esta nueva comunicación. Al respecto, escribieron que “este reconocimiento de responsabilidades pleno lo afirmamos expresamente y deja sin efecto cualquier afirmación contenida en escritos previos que pudiera interpretarse en un sentido contrario, incluidos los contenidos del escrito de observaciones radicado por nuestra parte el día 7 de julio de 2025 o en fechas posteriores”.
Con el paso del tiempo y con todo lo que hemos tardado en los procesos de justicia transicional, es fácil dar por sentado lo que está ocurriendo. Sin embargo, antes de firmar el Acuerdo de La Habana, escuchar esas palabras del secretariado de las FARC sonaba a utopía. Pese a todos los errores y tropiezos que ha enfrentado el proceso de paz, este tipo de momentos son una muestra de cómo la apuesta por el diálogo y por una justicia responsable dan frutos.
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