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La actuación de Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara por La Fuerza de la Paz, es un irresponsable ataque contra la democracia colombiana, un golpe doloroso a la legitimidad de las instituciones del país y un acto arbitrario que debería tener responsabilidad disciplinaria. Al buscar suspender por iniciativa solitaria al presidente de la República, Gustavo Petro, muestra la incapacidad de la Comisión de Acusación de la Cámara de llevar a cabo un juicio político con rigurosidad. También deja entrever el interés de afectar la segunda vuelta presidencial en curso. Necesitamos que todos los operadores con funciones judiciales dejen de aprovechar la figura de las medidas cautelares para entorpecer el voto de los colombianos.
La confusión que desató el auto filtrado de Arizabaleta generó angustia en muchos colombianos. No era para menos. Una representante a la Cámara estaba retirando de sus funciones a un presidente elegido por millones de personas. Además, lo hacía en medio de una agitada campaña electoral por elegir a su reemplazo. Se trataba de una actuación sin precedentes en el país. Nunca antes, durante la vigencia de esta Constitución, se había dictado una medida cautelar contra un presidente en funciones. ¿Podía hacerlo Arizabaleta? ¿O se trataba de un abuso de poder que creaba un choque de trenes y una crisis institucional?
A la situación se agregaron los mensajes extraños de los involucrados. En Blu Radio, Alejandro Ocampo, miembro de la Comisión de Acusación, dijo que el auto no se había radicado y que en reunión la representante Arizabaleta había dicho que era un borrador que sometería a discusión de la Cámara. Después, en Semana, la misma representante afirmó que el auto sí existía y que lo iba a enviar al presidente del Senado, Lidio García. El día terminó con que, después de las críticas, la representante señaló que lo sometería a consideración de la Comisión y de la Cámara para seguir el conducto regular. Lo dicho: un performance penoso, ligero e irresponsable.
El senador García dio el mensaje institucional que necesitábamos. En su cuenta de X escribió: “No hagamos política con la ley ni con la Constitución colombiana. El proyecto de decisión que ha conocido la opinión pública es abiertamente ilegal e inconstitucional. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no tiene competencia para suspender al presidente de la República. Su rol se limita a investigar, practicar pruebas y presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara”.
Tiene sentido con el espíritu de la Constitución y la separación de poderes que cualquier decisión tan lesiva como remover de su puesto a un presidente en ejercicio requiera que haya surtido un proceso de juicio político en el Congreso. Antes, es una arbitrariedad. Ninguna representante debería tener el poder de expedir una medida cautelar tan problemática.
Queda poco más de una semana para la segunda vuelta de la elección prsidencial. Invitamos a todos los servidores públicos con funciones judiciales a comportarse con altura. Cada vez que cometen un error, es la democracia entera la que sufre.
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