Hace dos semanas, 33 militares fueron secuestrados en el Guaviare después de dar de baja al cabecilla del bloque Amazonas, alias Dumar. Hace apenas unos días vimos cómo un ataque de la población civil intentó quemar vivos a dos militares. Ahora, esta semana empezó con 600 personas secuestrando a un grupo de 45 militares en El Tambo, Cauca, bajo órdenes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Sí, las poblaciones que hacen esto están obligadas por Iván Mordisco y sus aliados, que ejercen control territorial allá donde el Estado es débil. Eso, sin embargo, también muestra un rechazo a la mano abierta que el Gobierno de Gustavo Petro ha tenido con las poblaciones cultivadoras de coca desde el principio. Si se sigue actuando en complicidad con los grupos ilegales, al Estado se le acaban las opciones en la necesidad de dar golpes contra el narcotráfico.
La situación es inmanejable y al presidente Gustavo Petro ya se le colmó la paciencia. “El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de diálogo está lista y es palabra del presidente”, escribió en su cuenta de X. Después vino una sorpresa: “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, escribió. Una década después de que se dejaran de utilizar las fumigaciones aéreas, ahora es un gobierno de izquierda el que propone retomarlas. Eso muestra la gran dificultad en la que se encuentra el Estado.
En este espacio hemos escrito sobre cómo la fumigación aérea no puede ser un recurso utilizado de manera indiscriminada. Durante la administración de Iván Duque, por ejemplo, nos lamentamos de que “las poblaciones cocaleras, que llevan años y años exigiendo representación y genuinas alternativas de subsistencia, siguen siendo enemistadas por la insistencia del Gobierno en fumigar”. La Corte Constitucional, por su parte, en 2019 dejó abierta la puerta para retomar las fumigaciones siempre y cuando se pueda garantizar su uso sin afectar a las poblaciones y los ecosistemas aledaños a los cultivos de coca. No es tarea sencilla y requiere que la fumigación sea la última opción cuando se hayan agotado todas las otras.
¿Se justifica, entonces, la solicitud presidencial? Cuando son las mismas poblaciones cocaleras las que se están prestando para secuestrar soldados y cuando el Gobierno ha intentado una y otra vez entablar procesos de sustitución, ¿qué más recursos le quedan al Estado? ¿Rendirse y ver cómo la fuerza de los grupos criminales crece apoyados por la financiación del narcotráfico? Este es un Gobierno que escucha a los movimientos sociales y que tiene una política antidrogas que se aleja de la simple persecución. Si las poblaciones no lo acompañan, y si la fumigación se hace en zonas muy específicas con todos los cuidados, se puede comprender su uso. Viendo las relaciones tensas con los Estados Unidos y la fuerza de los grupos criminales, el Estado colombiano necesita ejercer su fuerza. Eso no significa cerrar la puerta a la sustitución voluntaria, sino dejar claro que atacar a los uniformados es un delito y que el Gobierno no puede quedarse quieto ante los atropellos.
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