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La fusión aprobada entre Tigo y Movistar, que convierte a MILLICOM SPAIN S.L. en el segundo jugador más importante en las telecomunicaciones en Colombia, ha despertado varios temores. Es comprensible. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de aprobar la instalación de un duopolio en un mercado esencial para los gastos mensuales del país entero. Sin embargo, también es cierto que antes existía un operador dominante de facto y que la presencia de una empresa que le pueda hacer competencia directa trae sus beneficios. La clave está en que se supervise adecuadamente el actuar de ambas empresas y que se cumplan las salvaguardas para los operadores pequeños.
Las telecomunicaciones son un negocio muy difícil. Requiere inversiones multimillonarias constantes para responder a los avances en tecnología, que van acompañadas del mantenimiento de una red con muchos retos logísticos. Por eso, entre otras razones, para el sector público ha sido tan complicado mantenerse competitivo con el pasar de los años. En el caso particular de Colombia, lo que tenemos hace años es la presencia de un operador dominante y otros que están muy lejos de poder hacerle sombra. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lo explicó con claridad hace unos meses: “Colombia cerró 2024 con más de 39 millones de líneas móviles activas, un número que representa a 80 % del mercado de telecomunicaciones móviles. Claro posee el 51,65 % de estas líneas. Tigo, de Colombia Móvil S. A. (Millicom), tiene 21,59 %, y Movistar, bajo Colombia Telecomunicaciones S. A. (Telefónica), alcanza el 16,84 %. WOM, el más joven del grupo, apenas llega al 7,48 %. El resto, cercano al 2,44 %, está en manos de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), empresas que prestan servicios sin red propia”.
Con la fusión, entonces, quedamos con dos grandes jugadores cercanos en poder económico y tecnológico. De entrada, nos parece positivo. La realidad es que el mercado ha funcionado como un monopolio en la práctica, donde Claro dicta los términos y los otros competidores tienen que hacer esfuerzos titánicos para competir. Si no hay comportamientos anticompetitivos, la presencia de una verdadera alternativa llevará a mejorar la calidad del servicio y los precios, que es lo que importa. Por supuesto, quisiéramos no tener un duopolio, pero esta decisión empieza a corregir un mercado que estaba en riesgo de volverse insostenible para todos los actores no dominantes.
Dicho lo anterior, la gran pregunta es si las medidas tomadas por la SIC son suficientes para proteger a los pequeños actores. Es fundamental que sigan existiendo iniciativas disruptivas para que la competencia sea fluida. Por eso, la SIC condicionó la fusión a ofrecer descuentos en lo que Tigo-Movistar les cobra a WOM y a otras empresas por usar su red. También introdujo condicionamientos sobre las tarifas que se pueden adoptar y el tipo de planes que se pueden ofrecer. El diablo estará en los detalles, es decir, en la vigilancia efectiva. ¿Estará lista la SIC de futuros gobiernos a intervenir si siente que los dos gigantes abusan de su posición?
Esos interrogantes solo serán resueltos con el tiempo. Como el debate no termina aquí, el rol del Estado y de los consumidores será seguir de cerca los cambios que traiga la recomposición del mercado de las telecomunicaciones. Esperamos que esta decisión sea beneficiosa para el país y en especial para los consumidores, pero eso también dependerá de que Claro y Movistar-Tigo reconozcan su responsabilidad con el mercado colombiano.
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