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Hoy el país entra en modo “Consulta Popular”, que es un eufemismo para resumir un gobierno con deseos de intervenir en política durante época electoral, unos congresistas que se atrincheraron en la oposición irracional a todo lo que venga de la Casa de Nariño y un país obligado a paralizarse, literalmente, por las incapacidades de sus líderes políticos. Son tan deleznables las razones para el día cívico de hoy como son exasperantes los debates y las piruetas retóricas que se han dado en torno a la convocatoria. El intercambio de hostilidades entre el Gobierno y los alcaldes que se opusieron a la medida muestra que no hay capacidad de diálogo y que, más temprano de lo deseado, Colombia entró en época electoral. Lo que viene solo será cada vez más polarización en busca de réditos políticos.
Es prudente empezar, tal vez, por lo obvio, y aun así negado en varias declaraciones que hemos visto: por supuesto que el Gobierno tiene derecho a convocar unas marchas e incluso hasta declarar día cívico. Los trabajadores oficiales también tienen la posibilidad de unirse a las manifestaciones y no enfrentar represalias. ¿Es incómodo que el sindicato de maestros paralice las clases de colegios públicos por salir a apoyar a una administración? Lo es, pero la Constitución los protege. Lo mismo con las demás personas que se sientan convocadas. Nuestro país no puede ser hostil al derecho a tomarse las calles ni buscar censurarlo por oposición política al gobierno de turno.
Dicho lo anterior, también es obvio algo que el Gobierno parece querer ocultar: estas son marchas que buscan impulsar una agenda política particular y que están íntimamente ligadas a la figura del presidente, Gustavo Petro. La convocatoria a la consulta popular, cuya constitucionalidad defendimos el domingo, no deja, sin embargo, de ser inconveniente y una táctica hábil para que la Casa de Nariño se tome la palabra en época electoral, cuando las normas lo invitan a distanciarse del debate público. Por eso se contradice el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando, hablando con Noticias Caracol, dice que “esa marcha es en apoyo a la consulta”, pero que los alcaldes que se oponen a ella lo que buscan es “golpear a Petro”. ¿Entonces la Casa de Nariño puede intervenir en política, pero los alcaldes no? Bien cómoda la posición que adoptan en la Casa de Nariño.
Por eso mismo los servidores públicos deben comprender que la libertad de protesta no es una obligación: no pueden ser presionados para salir a manifestar su apoyo so pena de perder sus trabajos. Eso es inaceptable. El día de hoy no es un llamado obligatorio a tomarse las calles, pues los funcionarios son deliberantes y tienen sus propias libertades individuales garantizadas por la Constitución. Estaremos atentos a cualquier presión indebida.
No queda más que la invitación siempre necesaria a proteger la paz en medio de las manifestaciones. Si el objetivo es entablar un diálogo nacional sobre los derechos de los trabajadores, qué importante es que se abandonen los sectarismos y se permita hablar en las diferencias. Eso sería un éxito para un día como hoy. Si, en cambio, queda claro que esta movilización no es más que otra campaña política para fortalecer a un gobierno que cojea, la mayoría de los colombianos seguirán observando con profunda decepción.
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