Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Los gobiernos de Colombia, desde que se promulgó la Ley 30 de 1992, han vivido en permanente contradicción. En los discursos dicen que su objetivo es convertir a nuestro país en uno de los más educados del mundo. Sin embargo, año tras año han permitido que la educación pública acumule deudas a causa de un sistema equivocado para calcular su apropiada financiación. Gracias al movimiento estudiantil, que se tomó las calles en varias ocasiones durante las últimas dos décadas, la exigencia de una reforma a la Ley 30 se mantuvo en el debate público, pero ni el Congreso ni la Casa de Nariño habían llegado a plantear cómo solucionar el problema. Ahora, en una decisión que merece el adjetivo de “histórica”, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto que, de aterrizarse, cambiará en pocos años la realidad de las universidades públicas y de las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias. Aunque falta el no menor detalle de garantizar los recursos en un Estado asfixiado fiscalmente.
El gobierno de Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño impulsado por los jóvenes, pero su manejo del Ministerio de Educación ha estado lejos de ser idóneo. Además de entrar en controversia con sus dos primeros ministros, Alejandro Gaviria y Aurora Vergara, el mandatario concentró su propuesta en la gratuidad de la educación pública y en expandir los cupos. Sus críticos señalaron que ese tipo de reformas, aunque pueden ser populares, ignoraban el problema de raíz: el déficit de financiación. Según la Ley 30, el dinero que se asigna a las universidades públicas aumenta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El problema es que eso no incluye la realidad de los gastos en los que incurren estas instituciones, que van mucho más allá de solo inflación. Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos operativos de las universidades públicas crecen, en promedio, un 9 % cada año, lo que significa que anualmente han tenido un déficit de alrededor de cinco puntos porcentuales. Eso nos llevó a que la desfinanciación progresiva que han tenido las universidades esté alrededor de los COP 18 billones.
Un grupo de congresistas presentó hace algunos años un proyecto de reforma construido con ayuda de las universidades públicas del país. Daniel Rojas, cuando llegó al Ministerio de Educación, se sumó a la iniciativa, lo que permitió que prosperara hasta llegar a la votación por unanimidad que vimos hace pocos días. El cambio ha sido celebrado por todos los sectores relacionados con la educación pública, porque es trascendental. Lo más importante es que ahora el aumento anual deberá basarse en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Es algo lógico, pues ese índice se concentra en las variaciones de los costos que enfrentan las instituciones educativas públicas como matrículas, salarios, funcionamiento e inversiones. Como debió ser desde un principio.
Adicionalmente, la reforma incluye a las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias, a las cuales el gobierno de turno deberá asignar recursos equivalentes al 0,05 % del PIB del año anterior. Eso garantiza su financiación y corrige otra exclusión histórica. Con estas modificaciones a la Ley 30 se espera que el déficit se reduzca con los años y que la educación pública pueda planear con mayor estabilidad su expansión en el país.
La pregunta para los futuros gobiernos será, en todo caso, por los recursos amarrados del presupuesto. Con tantas responsabilidades fiscales que aumentan por ley, ¿se cumplirá esta promesa también? ¿Cómo se mantendrá el adecuado manejo de las finanzas del Estado? Ya esa será una discusión para los próximos Congreso y presidente. Por ahora Colombia puede decir que está comprometida con empezar a reparar el déficit de la educación pública.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
