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Cinco años tardó la Procuraduría en salir con una decisión decepcionante en el asesinato de Cristian Hernández. Durante las protestas y los disturbios del 9 de septiembre, Hernández iba en su bicicleta de domiciliario frente al CAI de Verbenal cuando policías motorizados le dispararon. Después no permitieron que recibiera la ayuda médica que necesitaba con urgencia. Su hermana, Lina Hernández, lo vio agonizar y morir. “Había una ambulancia a tres metros, pero no la dejaban pasar. Yo les pedí a seis policías que me ayudaran, pero uno me escupió y me dijo que si me quería ir al infierno como mi hermano”, cuenta. Ante todo eso, el Ministerio Público encontró a un solo responsable, el teniente Reineiro Alberto Cuartas Jiménez, comandante del CAI Verbenal, quien fue sancionado con cinco meses de inhabilidad y una multa. Así se siente la impunidad.
El caso de Hernández no fue aislado. Después de que miembros de la Policía asesinaran a Javier Ordóñez ante los ojos de la ciudad, las calles se llenaron de violencia. En solo 10 horas murieron 13 ciudadanos y 521 más resultaron heridos (entre ellos 261 policías). En total, 22 CAI fueron quemados. Como ha documentado en varias oportunidades El Espectador, la respuesta de la Policía fue descontrolada, vengativa y desproporcionada. En los años posteriores se han obtenido algunas condenas, pero hay procesos que no avanzan ni parece que se encontrará a los responsables directos. Es lo que ocurre con Hernández.
El fallo de la Procuraduría, en primera instancia, es el único pronunciamiento que se ha obtenido. Dos de los altos mandos involucrados fueron absueltos porque, según el Ministerio Público, no podían evitar que ocurrieran los abusos de poder. Sin embargo, la línea de mando y las evidencias invitan a preguntarse cómo es posible que miembros de la Policía le disparen a un ciudadano y que nada se haya podido hacer para evitarlo. La sanción contra Cuartas Jiménez también es risible. Cinco meses de inhabilidad, mientras Hernández no recobrará su vida y mientras su familia nunca sabrá quién lo mató ni por qué no lo ayudaron.
En el expediente del caso, que El Espectador conoció, muestran que una patrulla de la Policía pudo haber hecho algo para ayudar y no lo hizo. También constan 13 llamadas al 123, que tampoco hizo nada. Hay evidencias de cómo uniformados reclamaron armas a las 4:00 p.m., 6:00 p.m., 11:00 p.m., e incluso en la madrugada del 10 de septiembre. ¿Quién responde? ¿Es tan impotente la línea de mando en la Policía que no hay capacidad de control? ¿Cómo se garantiza que, en el futuro, no ocurran actos de abuso amparados en esa debilidad?
El Estado y la Policía le fallaron a Hernández. Ahora la Procuraduría le falla a su familia. Lina Hernández explica la gravedad del dolor que sienten: “La hija de cinco años de Cristian lo recuerda a través de fotos, y la mayor, que ahora tiene 11, no entiende por qué un policía mató a su papá. Son preguntas que tampoco les podemos responder y seguimos haciéndonos”. A eso hay que sumarle que la justicia, que debería actuar para por lo menos ayudar a que haya reparación, no da razones para lo ocurrido. Se anunció una impugnación, pero hay pocas esperanzas ante la ausencia de pruebas. La tragedia es, entonces, completa: desde el asesinato hasta la impunidad, que parece inevitable.
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