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No fueron solo siete los menores de edad muertos por bombardeos del Ejército Nacional. Medicina Legal dijo que, desde agosto, hay 15 fallecidos en Amazonas, Guaviare y Arauca. Algunos tenían solo 12 años. Mientras el país ha dado un debate apasionado sobre el uso de los bombardeos como mecanismo en medio de la lucha contra el crimen, todos en el espectro político parecen estar de acuerdo en algo: es terrible que siga existiendo el reclutamiento forzado. Sin embargo, brillan por su ausencia las opciones para confrontarla, más allá de los llamados, necesarios eso sí, a los grupos ilegales para que buenamente decidan abandonarla. ¿Cuál es el plan para detener el reclutamiento forzado? ¿Por qué ningún gobierno ha sido capaz de proteger a niños, niñas y adolescentes de Colombia? ¿Tenemos que conformarnos con el dolor de los más vulnerables y la impotencia de las autoridades?
En entrevista con Blu Radio, el padre de una de las menores asesinadas en el bombardeo en Guaviare contó cómo fue su reclutamiento. “Mi hija fue reclutada el 2 de enero, fue reclutada por fuerzas ilegales de las FARC-EP, por motivos de que no se encuentra el Estado, no hay apoyo del Estado, no hay una presencia del Ejército tanto como de la Policía, ni respaldo del Gobierno para los indígenas”, dijo. Además de contar que los criminales se llevan a los menores entre promesas de una mejor vida y amenazas a sus familias, también relató que la menor lo llamó a decirle dónde estaba y a pedirle ayuda. A pesar de que le dio esa información al Ejército y a la Fiscalía, “no quisieron ayudarme, prácticamente”, concluyó. ¿Cuántas veces les falló el Estado a esa niña, a ese padre, a esa comunidad entera?
El reclutamiento está fuera de control. Está documentado que “Iván Mordisco” ha llenado de menores de edad su círculo de protección y que en varias zonas del país hay cacería de jóvenes para trasladarlos a las zonas de conflicto. La inteligencia militar lo sabe porque cada vez que hay enfrentamientos entre grupos criminales el levantamiento de los cadáveres suele incluir a niños, niñas y adolescentes que han sido forzados al combate. Por eso, cualquier discusión sobre si se sabía o no que en Guaviare había menores necesita partir de un reconocimiento difícil y honesto: lo más probable es que siempre haya menores de edad. Esa es la crudeza del conflicto en el que estamos. Tal es la magnitud de la incapacidad del Estado colombiano.
El presidente de la República, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X que “si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar a más niños y niñas, porque se darán cuenta de que así se cubrirán de riesgos militares mayores”. Estamos de acuerdo en que las Fuerzas Militares necesitan tener todas las opciones sobre la mesa, y eso requiere que los bombardeos sean usados, pero siempre como última opción y buscando minimizar el daño. Lo que no dice el presidente es que el reclutamiento está desbordado y que los planes del Gobierno han fracasado. Como escribió la experta en seguridad Laura Suárez Cáceres para El Espectador: “Entre 2019 y 2024 el ELN pasó de operar en 149 municipios a 232. Las disidencias de las FARC pasaron de 124 municipios a 262 y el Ejército Gaitanista de Colombia de 213 municipios a 345, consolidándose como el grupo con mayor presencia en el país”.
Cuando no hay un plan efectivo de seguridad, cuando los procesos de paz se convierten en una oportunidad para que los criminales se fortalezcan y cuando hay discursos, pero pocas estrategias para combatir el reclutamiento forzado de menores de edad, nos quedamos con un país teniendo que vivir el duelo constante de niños, niñas y adolescentes lanzados a morir en medio de la guerra. ¿Dónde está la solución?
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