Mucho más allá de las posibles estafas que cometieron, y de las riendas tomadas por parte de Gina Parody, la ministra de Educación, varias cosas quedan claras: lo primero, la violación de un derecho. Resulta penoso que una institución educativa viole un derecho constitucional de los ciudadanos simplemente por la ambición de sus directivas. Es más, insólito que puedan hacerlo y tan fácilmente. Impensable, entonces, que ese derecho se desarrolle de forma plena y progresiva, como es el mandato. Qué vergüenza con aquellos que se esfuerzan para pagar una matrícula y encuentran este capítulo negro y oneroso en los medios de comunicación. Tal y como lo ha dicho la senadora de la Alianza Verde Claudia López, este es un tema de delincuentes: de personas naturales que deben responder ante la Fiscalía. El derecho de los estudiantes a seguir aprendiendo, sin embargo, debe quedar indemne mientras estos líos se van solucionando. La ley penal, eso sí, debe mostrar esto como símbolo: una forma en la que otros aprendan qué es lo indebido cuando se maneja una institución educativa.
Eso conlleva a que, claro, la prevención debe ser la medida más urgente para aplicar de aquí en adelante: advirtió José Fernando Isaza, columnista de este diario, que lo de la San Martín era un cuento viejo: cuatro años, por lo menos, de actitudes sospechosas, “por menos se interviene un banco”, le oímos decir en Caracol Radio.
No estaría de más, por tanto, pensar en la creación de ese órgano independiente que esté vigilando lo que las instituciones hacen abusando de la libertad de cátedra que les concedió la Constitución de 1991. Vaya si unos cuantos problemas nos ha costado esa mano invisible del mercado que regula la vida educativa: no es sino revisar esas universidades “de garaje” que surgen por cuestión de un vacío en el país: los escasos recursos de estudiantes que, por distintas razones, no pasan el examen del puñado reducido de universidades que tienen una calidad excelente.
La San Martín despertó, de nuevo, esa necesidad imperante de adelantar un debate sobre la calidad y la cobertura de la educación superior. Es a través de mayores controles, sí, como se puede evitar la defraudación de los estudiantes, pero sobre todo se debe saber impulsar más instituciones educativas serias y respetables, que no tengan una sola tacha sobre su credibilidad: no vemos en el listado de las que hoy se sospecha a las universidades tradicionales colombianas donde se ha de preparar el talento que necesita el país. Ojalá esa legitimidad se expandiera a muchas más: que no se agote la calidad en la falta de oferta. Que ese hueco se llene con propuestas novedosas y confiables. ¿Será mucho pedir?
Por El Espectador
