Efectos colaterales de la presión mediática

¿Estamos los medios de comunicación y la indignación de las redes sociales promoviendo una severidad tal que, aunque produce tranquilidad en la audiencia, viola los principios de nuestro sistema de justicia?

Que la presión mediática no sea un motivo para aplicar severidad judicial allí donde no es necesario.

"La justicia es para los de ruana" era una frase usada a diario en la Colombia del siglo pasado. Hoy, después de decenas de ministros, senadores, gobernadores, alcaldes y empresarios que han sido puestos tras las rejas frente a un país incrédulo, la frase se usa cada vez menos. En gran parte, gracias a la tormenta perfecta entre la indignación de la opinión pública y el trabajo juicioso de los medios de comunicación, que consiguieron dejar en evidencia a aquellos corruptos que buscaban salirse con la suya escudados en un paquidérmico sistema judicial. No pudieron escapar al peso contundente del sentido común y, claro, de las pruebas.

Hoy, cuando el país observa, un juez tentado por la corrupción lo piensa dos veces antes de permitir que un delincuente de cuello blanco camine irresponsable hacia una injusta libertad. Pero a la vez sucede que las soluciones efectivas a una crisis son agresivas y algunas veces injustas, por lo que después de un tiempo siempre es imperioso revisarlas, pues en todos y cada uno de los sonados casos de corrupción hay jefes, cargamaletines e inocentes que simplemente pasaban por ahí. Y la vigilancia mediática no parecería ser eficiente para reconocer la diferencia entre unos y otros.

El pasado viernes, el nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, anunció que cancelaba el absurdo principio de oportunidad que la Fiscalía había negociado con las cabezas del caso Interbolsa, que les ofrecía beneficios por denunciar a sus propios empleados. ¡El mundo al revés! Celebramos esta decisión que muestra, además, un compromiso con ejercer la presión debida para garantizar la reparación de las víctimas.

Para evitar este despropósito, ejerció esa alerta mediática una conveniente presión. Pero la estafa de Interbolsa tiene mezclados —y mediáticamente condenados— a los poderosos “dueños del chuzo” junto con una practicante y otros empleados que, al parecer, como cualquier otro colombiano, simplemente iban a su oficina de buena fe a cumplir los mandatos de la empresa y sus directivas.

Nathalia Zúñiga, por ejemplo, ingresó a trabajar con el Fondo Premium a sus 21 años, como practicante universitaria, mientras sus profesores, familia y amigos la aplaudían por la flamante oportunidad de trabajar en la operadora bursátil más prestigiosa del país; hoy lleva un año y medio en la cárcel El Buen Pastor, sin siquiera ser escuchada en juicio. La presión mediática parece ser buena para señalar culpables, pero le resulta difícil revindicar inocentes.

Lo que sabemos de Nathalia, Claudia Aristizábal y Juan Andrés Tirado es que nunca fueron socios de la empresa, ni participaron de sus utilidades y nunca recibieron más que su salario. Ellos insisten en que en ningún momento dudaron de la legitimidad del fondo, entendiendo que, además del muy público prestigio de sus jefes, el negocio era auditado por Ernst & Young, nunca hubo una actuación en contra del fondo por parte de las autoridades y, sobre todo, jamás se les pidió hacer nada a escondidas. A diferencia de sus jefes, los tres se declararon inocentes y llevan 18 meses presos esperando que empiece su juicio para demostrarlo.

Hace una semana, una juez de garantías, en contra de la súplica de la Procuraduría, le negó por cuarta vez a Zúñiga el derecho que tenemos todos de defendernos en libertad cuando han pasado 240 días sin que empiece el juicio. Pero en la Colombia de hoy eso, al parecer, no importa: son “interbolsos” y ningún juez con buen sentido puede darse el lujo de dejarlos salir, so pena de ser el siguiente reo de nuestra justicia de opinión. ¿Estamos los medios de comunicación y la indignación de las redes sociales promoviendo una severidad tal que, aunque produce tranquilidad en la audiencia, viola los principios de nuestro sistema de justicia? Y, de ser así, ¿qué debemos hacer para cambiarlo?

Por supuesto, no se trata de argumentar aquí la inocencia de Zúñiga y compañía. Pero sí de advertir de la necesidad de que se les permita defenderse cuanto antes. Y, mientras tanto, siendo eslabones débiles en la cadena, que se levanten las restricciones indebidas de la libertad si no hay motivos imperiosos para mantenerlas.

 

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