Representa muchas cosas: el mercado ilegal que se esconde detrás de la sopa de aleta de tiburón (comida de gran aceptación, principalmente al otro lado del mundo), el irrespeto, no sólo de la soberanía colombiana, sino también de la protección de su compleja y amenazada biodiversidad, y también la lenta e insuficiente acción de las autoridades para enfrentar esta conducta.
La práctica se conoce como el ‘aleteo’. Prohibida, de manera clara, por la Resolución 1633 del 19 de junio de 2007, que reza: “Prohibir el aleteo de tiburón, consistente en la actividad encaminada a cortar las aletas dorsales, caudales, anales, ventrales y pectorales de los tiburones, desechando los cuerpos y cabeza mutilados al mar”. Asunto que, como es evidente en el informe televisivo, se viola en estas zonas protegidas.
Es más común de lo que se cree. Alrededor de 2.000 tiburones han sufrido esta matanza despiadada. Y lo que se sabe, a raíz de la denuncia que hizo Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo, los informes del Canal Caracol y algunos de los resultados que la Fuerza Pública ha entregado, es que los barcos son en su mayoría costarricenses. Algo que este país niega a los medios, o reconoce apenas parcialmente. Tal es el caso de la embarcación ‘Papante PG532’, que figuraba en una queja diplomática colombiana y que Costa Rica no admite porque la que aparece registrada en ese país es la ‘Papatec PQ5321’.
El pasado jueves se celebró un encuentro en San José con las autoridades costarricenses, en el que Colombia entregó nueva documentación sobre los casos detectados y se acordó crear una comisión binacional que estudie el problema y presente en tres meses un plan de acción definido “para el control y vigilancia de las áreas marino-costeras, con especial énfasis en áreas marinas protegidas”. Ese es el camino diplomático adecuado, que debe ampliarse a todos los países bajo cuya bandera entran botes ilegalmente a pescar sin control en nuestros mares.
Cierto es que las autoridades hacen lo que pueden. La semana pasada, por ejemplo, ante un fiscal de Buenaventura, la Armada Nacional entregó a once costarricenses y dos nicaragüenses detenidos en tres embarcaciones, que se encontraban pescando ilegalmente en el Pacífico. Pero la realidad es que esta práctica está muy extendida y su control parece sobrepasar las capacidades de los guardacostas.
Este es, como dijimos, un problema de muchas caras. Ambiental, de soberanía, de poder institucional. Y ante esto sólo resta actuar. No podía ser de otra forma, sino con una denuncia extendida por los medios, para que se empiecen a ver los resultados en temas de justicia. Pero los controles deben ser permanentes: de nada sirve tener el orgullo de una zona extendida de Patrimonio de la Humanidad, si las autoridades competentes no luchan por su protección. Los esfuerzos de la Fuerza Pública por combatir el flagelo del narcotráfico, por ejemplo, deben ser extendidos a otros frentes de batalla. Y por estos días, en que el tema del maltrato animal está en boga, el Gobierno colombiano podría fortalecer la política pública en torno a ello, con normas, con sanciones más específicas, pero sobre todo con acciones de seguridad y diplomáticas, que es lo que más hace falta.
Por El Espectador
