El analfabetismo tecnológico de las autoridades judiciales

El Espectador
05 de abril de 2017 - 02:00 a. m.
La idea de obligar a los servicios de mensajería a desencriptar las conversaciones es no sólo un imposible técnico, sino indeseable en cuanto a los derechos de los colombianos y, como todo está conectado, de las personas. / iStock.
La idea de obligar a los servicios de mensajería a desencriptar las conversaciones es no sólo un imposible técnico, sino indeseable en cuanto a los derechos de los colombianos y, como todo está conectado, de las personas. / iStock.

Dentro de sus múltiples propuestas para actualizar la política criminal del país, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, lanzó una idea que no sólo deja en evidencia lo crudo que está el debate de la tecnología y la privacidad en Colombia, sino que demuestra el problema que surge cuando los operadores judiciales no tienen conocimientos técnicos sobre los desarrollos tecnológicos. Obligar a servicios de mensajería como WhatsApp a que, para operar en el país, les abran la puerta a las autoridades, no sólo es imposible desde un punto de vista técnico, sino indeseable en el balance de los derechos de los colombianos y, como todo está conectado, de las personas del mundo entero.

Martínez dijo que entre las ideas presentadas al presidente de la República se incluye que las empresas proveedoras de mensajes de texto y de voz (caso WhatsApp) no puedan operar si no firman un acuerdo con la obligación de desencriptar las conversaciones cuando, previa autorización judicial, puedan estar afectas a organizaciones criminales. Aunque sea loable la motivación, la propuesta no está al tanto de la complejidad y los derechos involucrados en las comunicaciones de ese estilo.

Primero, como le dijo a El Espectador Moxie Marlinspike, quien diseñó el sistema de encriptado de WhatsApp, “desencriptar las conversaciones no es técnicamente posible”. Punto. El sistema empleado, a grandes rasgos, significa que sólo los usuarios tienen la llave para leer los mensajes; es decir, que ni siquiera WhatsApp puede acceder al contenido de las comunicaciones, característica esencial de la privacidad ofrecida a los ciudadanos. Pide el fiscal, entonces, un imposible.

Segundo, incluso si fuese posible crear una puerta trasera de acceso para las autoridades, desencriptar una conversación entre presuntos criminales implica desencriptar todas las conversaciones, incluyendo la abrumadora mayoría que se realizan entre personas que no están investigadas y tienen derechos esenciales a la privacidad y la protección de vigilancias indebidas. Abrir un hueco no sólo permite que entren las autoridades, sino que cualquiera lo haga. Además, como WhatsApp es una aplicación global, afectaría a los usuarios de todo el mundo. En síntesis, no hay cómo quebrar un cifrado sin destruir todo el sistema. ¿De verdad eso queremos?

Tercero, hay otras herramientas que tienen las autoridades si de verdad quieren realizar investigaciones. WhatsApp, por ejemplo, almacena metadatos, que si bien no permiten leer los mensajes, sí dan suficiente información para que una autoridad juiciosa encuentre indicios útiles en la arena judicial. Implica más trabajo para la Fiscalía, por supuesto, pero no pone en riesgo al resto de usuarios de la aplicación.

Cuarto, bloquear aplicaciones completas es una medida desproporcionada que, por cierto, ha fracasado en otros países, como Brasil y otros con menor reputación en derechos humanos como Egipto y Omán. Como dice el fiscal Martínez, hay que dar el debate, pero en Colombia los expertos vienen denunciando con lujo de detalles cómo en los operadores judiciales prima la ignorancia tecnológica. Jueces que piden imposibles o que simplemente no entienden cómo funcionan los sistemas que luego pretenden emplear en los juicios o alianzas de las autoridades con empresas que quiebran cifrados sin pensar en las repercusiones son síntomas de que el sistema judicial necesita actualizarse cuanto antes. Un buen inicio es evitar ideas como estas y, finalmente, tomar en serio la tecnología y sus efectos sobre los derechos de todos los ciudadanos.

 

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Por El Espectador

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar