¿El año de la paz?

En la que cuestionan sus actos del año que pasó y se plantean un porvenir distinto para el nuevo período que viene. Es un acto individual, si acaso familiar. Sin embargo, se nos ocurre que la meta principal de Año Nuevo, a la que los colombianos aspiran como colectividad, es la consecución de la paz en todo el territorio. Que Gobierno y Farc lleguen a un acuerdo ecuánime para que en Colombia se respire, por fin, un aire distinto.

Una paz que no sólo suponga el silenciamiento de los balazos y de los bombazos, de las amenazas y del terrorismo, sino también en la que se logre la justicia, asunto que deberá preocupar al Gobierno este año que comienza. Comisiones de verdad, flexibilidad en las penas, reconciliación, en fin, todo un modelo de justicia transicional que opere como motor del perdón y de la cicatrización de las heridas que aún hoy permanecen abiertas.

El año que pasó fue testigo de un 4 de septiembre en el que Juan Manuel Santos interrumpió la señal de televisión para anunciar lo que ya muchos sabían: que el primer paso hacia la paz se había dado. Seis meses en los que Gobierno y guerrilla pactaron en secreto una agenda común que se convertiría en la espina dorsal de todo el proceso: qué se negociaría, cuáles serían los puntos centrales y los principios rectores del diálogo, entre otros interrogantes.

Esta fue una hoja de ruta que se concertó en tiempo récord y que, siguiéndose paso a paso, podría brindarnos la meta. Siempre hemos insistido desde estas mismas líneas que la agenda debe respetarse, debe ponérsele un tabú en torno a sus propios pasos. Santos lucía mucho más realista que el expresidente Andrés Pastrana (quien dejó el fracaso del Caguán muy fresco en la mente de la ciudadanía), cuando anunció que el fuego no cesaría, que los diálogos se desarrollarían paralelamente a esta realidad. Con esto, la verificación del silenciamiento de las armas no era necesaria, constituyéndose un esfuerzo menos y concentrando las fuerzas en hablar sobre la paz.

Es obvio que el proceso ha estado rodeado de escepticismo y de críticas. Sobre todo cuando los líderes de las Farc hablan: porque lo hacen con el tono de siempre, uno altisonante, que raya a veces con el espíritu conciliador que debería haber de parte y parte. Porque siguen hablando de la “oligarquía” y de los males del Estado. Sin embargo, recordemos que los jefes guerrilleros no pueden hablar, de buenas a primeras, como si aún no creyeran en su causa. Eso resulta imposible. Mucho menos cuando los más rasos siguen muriendo en las selvas colombianas. Si mantienen su discurso, está bien. Y mucho mejor si lo mantienen en palabras y no imponiéndolo a balazos. También se aprobó el fuero militar, como guiño a las Fuerzas Armadas, un asunto que excede las razones jurídicas y que se convierte, en nuestra opinión, en un problema de competencia judicial.

Desde el 19 de noviembre del año pasado, en La Habana, se ha estado definiendo el futuro. Aún faltan pasos importantes y definiciones estratégicas. Esperamos, pues, que el proceso sea rodeado de mucha más legitimidad por parte de la ciudadanía (que ésta pueda participar y estar enterada, porque sin ella no hay proceso que valga) y que la agenda vaya cumpliéndose de manera lenta y consciente, pero constante. Que 2013 nos reciba con esta noticia es lo mínimo que podemos pedir ante un panorama de guerra que parecía —y aún parece, que no nos gane el optimismo desmedido— interminable.

En la que cuestionan sus actos del año que pasó y se plantean un porvenir distinto para el nuevo período que viene. Es un acto individual, si acaso familiar. Sin embargo, se nos ocurre que la meta principal de Año Nuevo, a la que los colombianos aspiran como colectividad, es la consecución de la paz en todo el territorio. Que Gobierno y Farc lleguen a un acuerdo ecuánime para que en Colombia se respire, por fin, un aire distinto.

Una paz que no sólo suponga el silenciamiento de los balazos y de los bombazos, de las amenazas y del terrorismo, sino también en la que se logre la justicia, asunto que deberá preocupar al Gobierno este año que comienza. Comisiones de verdad, flexibilidad en las penas, reconciliación, en fin, todo un modelo de justicia transicional que opere como motor del perdón y de la cicatrización de las heridas que aún hoy permanecen abiertas.

El año que pasó fue testigo de un 4 de septiembre en el que Juan Manuel Santos interrumpió la señal de televisión para anunciar lo que ya muchos sabían: que el primer paso hacia la paz se había dado. Seis meses en los que Gobierno y guerrilla pactaron en secreto una agenda común que se convertiría en la espina dorsal de todo el proceso: qué se negociaría, cuáles serían los puntos centrales y los principios rectores del diálogo, entre otros interrogantes.

Esta fue una hoja de ruta que se concertó en tiempo récord y que, siguiéndose paso a paso, podría brindarnos la meta. Siempre hemos insistido desde estas mismas líneas que la agenda debe respetarse, debe ponérsele un tabú en torno a sus propios pasos. Santos lucía mucho más realista que el expresidente Andrés Pastrana (quien dejó el fracaso del Caguán muy fresco en la mente de la ciudadanía), cuando anunció que el fuego no cesaría, que los diálogos se desarrollarían paralelamente a esta realidad. Con esto, la verificación del silenciamiento de las armas no era necesaria, constituyéndose un esfuerzo menos y concentrando las fuerzas en hablar sobre la paz.

Es obvio que el proceso ha estado rodeado de escepticismo y de críticas. Sobre todo cuando los líderes de las Farc hablan: porque lo hacen con el tono de siempre, uno altisonante, que raya a veces con el espíritu conciliador que debería haber de parte y parte. Porque siguen hablando de la “oligarquía” y de los males del Estado. Sin embargo, recordemos que los jefes guerrilleros no pueden hablar, de buenas a primeras, como si aún no creyeran en su causa. Eso resulta imposible. Mucho menos cuando los más rasos siguen muriendo en las selvas colombianas. Si mantienen su discurso, está bien. Y mucho mejor si lo mantienen en palabras y no imponiéndolo a balazos. También se aprobó el fuero militar, como guiño a las Fuerzas Armadas, un asunto que excede las razones jurídicas y que se convierte, en nuestra opinión, en un problema de competencia judicial.

Desde el 19 de noviembre del año pasado, en La Habana, se ha estado definiendo el futuro. Aún faltan pasos importantes y definiciones estratégicas. Esperamos, pues, que el proceso sea rodeado de mucha más legitimidad por parte de la ciudadanía (que ésta pueda participar y estar enterada, porque sin ella no hay proceso que valga) y que la agenda vaya cumpliéndose de manera lenta y consciente, pero constante. Que 2013 nos reciba con esta noticia es lo mínimo que podemos pedir ante un panorama de guerra que parecía —y aún parece, que no nos gane el optimismo desmedido— interminable.