El anti-PIPE

Sin embargo, como es costumbre en este país dar un paso adelante para luego dar dos hacia atrás, ahora avanza en el Congreso el Proyecto de ley 81 de 2012 que, de ser aprobado, haría más inflexibles de lo que ya lo son los procesos legales de contratación en el país, al punto, incluso, de prohibir completamente la tercerización laboral.

Si bien es cierto que este tipo de contratación permitió la creación de cooperativas de trabajo que hace no mucho tiempo se llevaron los titulares por sus excesos y atropellos, también lo es que una mala ejecución no hace necesariamente mala a una idea. La contratación a través de terceros es imprescindible en los sectores estacionales de la economía. Si no se produce todas las veces lo mismo, no se puede sostener siempre la misma nómina; además, los procesos de vinculación y desvinculación son muy costosos cuando el movimiento de personal es masivo. Por ejemplo, en el agro, no todos los meses los árboles producen frutos. Cuando es tiempo de cosecha hay que duplicar el personal, pero una vez recogida ésta, ese personal no se requiere más.

No en vano, buena parte de la agroindustria se organiza con empleados directos, que son los de base, pero también con cooperados. Éstos se asocian entre sí y se mueven de cosecha en cosecha. Pasan de la palma al arroz y del arroz al caucho o a cualquier otro cultivo que esté requiriendo personal por su región. Bien manejadas, las cooperativas son la manera de abordar la estacionalidad manteniendo la estabilidad y la calidad en el trabajo, pues éstas se encargan no sólo de conseguirles labores a sus asociados, sino muchas veces también de capacitarlos e, incluso, de adelantar inversiones con los excedentes colectivos. Así, hay mercados, cafeterías, y hasta boleras de las cooperativas donde trabajan sus cooperados.

El comercio y la industria, especialmente la turística, han sido más lentas que el agro en adoptar este modelo. Su lentitud, sin embargo, obedece menos a las bondades de la tercerización que a las trabas del Gobierno. En lugar de velar por el bienestar de sus propios trabajadores —quienes, por demás, no han sido consultados— el ministerio de Trabajo, antes incluso de las reformas anti-PIPE, y apoyado, entre otros, en el decreto 1429 de 2010, ha restringido duramente a las cooperativas para complacer intereses internacionales. En particular, el interés de los sindicatos americanos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

El agro, la industria y el comercio, a diferencia del sector minero y financiero, requieren de muchos más trabajadores que de maquinaria y capital. Fluctúan, además, en su producción. La forma de atender a estas fluctuaciones, aquí y en el resto del mundo, incluido Estados Unidos, es la tercerización. Sin las cooperativas los trabajadores se quedarán sin puesto tras las temporadas y los empresarios no podrán ajustar competitivamente su personal. La defensa de los trabajadores se logra fortaleciendo y controlando, mas no acabando, las cooperativas para que garanticen la estabilidad que los sectores estacionales no pueden garantizarles.

Sin embargo, como es costumbre en este país dar un paso adelante para luego dar dos hacia atrás, ahora avanza en el Congreso el Proyecto de ley 81 de 2012 que, de ser aprobado, haría más inflexibles de lo que ya lo son los procesos legales de contratación en el país, al punto, incluso, de prohibir completamente la tercerización laboral.

Si bien es cierto que este tipo de contratación permitió la creación de cooperativas de trabajo que hace no mucho tiempo se llevaron los titulares por sus excesos y atropellos, también lo es que una mala ejecución no hace necesariamente mala a una idea. La contratación a través de terceros es imprescindible en los sectores estacionales de la economía. Si no se produce todas las veces lo mismo, no se puede sostener siempre la misma nómina; además, los procesos de vinculación y desvinculación son muy costosos cuando el movimiento de personal es masivo. Por ejemplo, en el agro, no todos los meses los árboles producen frutos. Cuando es tiempo de cosecha hay que duplicar el personal, pero una vez recogida ésta, ese personal no se requiere más.

No en vano, buena parte de la agroindustria se organiza con empleados directos, que son los de base, pero también con cooperados. Éstos se asocian entre sí y se mueven de cosecha en cosecha. Pasan de la palma al arroz y del arroz al caucho o a cualquier otro cultivo que esté requiriendo personal por su región. Bien manejadas, las cooperativas son la manera de abordar la estacionalidad manteniendo la estabilidad y la calidad en el trabajo, pues éstas se encargan no sólo de conseguirles labores a sus asociados, sino muchas veces también de capacitarlos e, incluso, de adelantar inversiones con los excedentes colectivos. Así, hay mercados, cafeterías, y hasta boleras de las cooperativas donde trabajan sus cooperados.

El comercio y la industria, especialmente la turística, han sido más lentas que el agro en adoptar este modelo. Su lentitud, sin embargo, obedece menos a las bondades de la tercerización que a las trabas del Gobierno. En lugar de velar por el bienestar de sus propios trabajadores —quienes, por demás, no han sido consultados— el ministerio de Trabajo, antes incluso de las reformas anti-PIPE, y apoyado, entre otros, en el decreto 1429 de 2010, ha restringido duramente a las cooperativas para complacer intereses internacionales. En particular, el interés de los sindicatos americanos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

El agro, la industria y el comercio, a diferencia del sector minero y financiero, requieren de muchos más trabajadores que de maquinaria y capital. Fluctúan, además, en su producción. La forma de atender a estas fluctuaciones, aquí y en el resto del mundo, incluido Estados Unidos, es la tercerización. Sin las cooperativas los trabajadores se quedarán sin puesto tras las temporadas y los empresarios no podrán ajustar competitivamente su personal. La defensa de los trabajadores se logra fortaleciendo y controlando, mas no acabando, las cooperativas para que garanticen la estabilidad que los sectores estacionales no pueden garantizarles.