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Mateo Pérez Rueda tenía 25 años y estaba persiguiendo una historia. Como cuenta un perfil realizado por el medio Vorágine, Pérez vendía jugos en el garaje de su casa, en Yarumal (Antioquia), para financiar su revista, El Confidente. Sus padres, amigos y quienes lo conocían lo mencionan como un periodista curioso, terco, lanzado, en palabras de Jesús Abad Colorado, “a comerse el territorio”. En un texto reciente de su medio y citado por el perfil que mencionamos, escribió: “en Yarumal nos están asesinando nuestros adolescentes por razones cada vez más absurdas y las autoridades no están investigando con celeridad. La administración debe poner más de su parte para evitar estos homicidios porque en el municipio ya es muy fácil matar sin consecuencias”. Unos meses después de ese texto, Pérez Rueda fue torturado y asesinado. Todo por, recordemos, perseguir una historia.
Cuando Pérez Rueda llegó a Briceño, las autoridades le advirtieron que no siguiera su camino. ¡Como si eso no evidenciara una falla del Estado colombiano! Somos incapaces de protegerte, confesó la policía. En efecto, Briceño opera bajo control de las disidencias de las FARC. El Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), cuyo máximo comandante es Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, impone reglas de conducta en el territorio, toques de queda y mantiene a todo el mundo vigilado, incluso con drones. Allá el Estado son ellos y las autoridades claudicaron en sus deberes constitucionales. Pérez Rueda quería entender lo que pasaba, así que, como dicta el periodismo, siguió su camino en búsqueda de respuestas. Fue interceptado, torturado, asesinado y enterrado. Para poder rescatar su cuerpo, el Ministerio del Interior tuvo que hacer una tregua con las disidencias para que la Cruz Roja pudiera entrar. De esa talla es el fracaso que presenciamos.
En un comunicado, alias Calarcá se lavó las manos. Dijeron que el asesinato “jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional (...) Esta Dirección nunca fue informada sobre la detención del periodista, de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”. En su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que “fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”. En otra larga publicación, el mandatario explica que el Congreso no quiso discutir su código minero, le echó toda la culpa a la minería ilegal, y escribió que “ahora buscan, brutalmente, usar el asesinato del joven periodista Mateo, sacar dividendo electoral en favor de quienes han hecho las normas que permiten esa violencia. La minería en Antioquia fue manejada por gobiernos departamentales silenciosos ante el paramilitarismo y el narcotráfico. El manejo departamental de la minería con sus títulos mineros oscuros es un desastre”.
Es decir, la Casa de Nariño parece más preocupada por los efectos políticos del asesinato que por reconocer que su Gobierno fracasó al proteger a un ciudadano que ejercía su derecho a la libertad de prensa. Ese es el resumen de estos cuatro años: un presidente que puede explicar el por qué del desastre, pero no tiene la capacidad de corregirlo. Seguimos, mientras tanto, contando muertos y tragedias. Nos solidarizamos con nuestro colega fallecido por apostarle a la paz y a la transparencia. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a todos los que lo conocieron.
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