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Tres noticias salieron al tiempo para confirmar una tragedia: Colombia parece condenada a ser una herida abierta a perpetuidad. El asesinato de Narciso Beleño en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se une a los por lo menos 51 líderes sociales asesinados en apenas cuatro meses que llevamos en 2024, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). A la par, se supo que el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe con una conclusión tajante sobre 2023: no hemos sido capaces de mejorar la protección de los derechos humanos. Para completar el panorama, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz lanzaron un ultimátum a todo el Estado colombiano sobre la necesidad de implementar lo pactado con las FARC. Lo dicho, en un solo día noticioso, resume la frustración constante de nuestro país.
El asesinato de Beleño es doloroso por múltiples razones, también ya conocidas. Se trató de un acto de sicariato con el propósito de sabotear procesos de construcción de comunidad y aterrorizar a toda una región. Ocurrió en medio del temor por el recrudecimiento de la violencia y la incapacidad del Estado para hacer presencia y mucho menos proteger a las personas más vulnerables. Con su muerte aterrizó, nuevamente, el eco de una dolorosa realidad: ser líder social en Colombia es estar en riesgo del aniquilamiento, del goteo sistemático de horrores. Apostarle a la democracia es una actividad de alto riesgo.
Beleño era presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol). En un comunicado, la Federación dijo todo lo que hay por decir: “Con indescriptible dolor denunciamos el asesinato de nuestro compañero, líder y representante, Narciso Beleño. Esta es una pérdida enorme de una persona que siempre dio todo por este proceso y por el derecho a la vida y la permanencia de sus habitantes. Pedimos verdad y justicia”. Verdad y justicia, promesas por cumplir. No tenemos más palabras que evidenciar el corazón roto de un país incapaz de proteger a los suyos. Lo dijo también el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X: “Le hemos fallado a Narciso Beleño. Tenía y tiene razón. No habrá paz mientras haya exclusión”. El problema es que ese fallo ha sido sistemático. A pesar del cambio de gobierno, la administración Petro tampoco ha sido capaz de frenar la violencia. El informe del Departamento de Estado dice que los asesinatos por culpa del conflicto siguen presentándose y también nota las cifras de asesinatos de líderes sociales. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre el 1° de enero y el 30 de junio del año pasado, recibió 113 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos. “De esas acusaciones, la Acnudh confirmó que 46 muertes estaban relacionadas con las acciones del individuo en defensa de los derechos humanos y encontró que 67 casos no eran concluyentes”, cita el informe. Si eso se une al ultimátum sobre fallas en la implementación del Acuerdo de Paz, el panorama es desolador.
No queda más que repetirnos: es inaceptable que la violencia siga siendo la norma. Ser líder social no puede representar un riesgo para la vida. Cada vez que se silencia una voz, se silencia una comunidad entera. No basta con golpes de pecho. El Estado necesita detener la masacre.
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