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Como si hicieran falta, tenemos más evidencias del desdén que el régimen de Nicolás Maduro tiene por las normas internacionales básicas, entre ellas una que ha defendido en el pasado con vehemencia el presidente Gustavo Petro: el asilo político. Durante nueve meses, colaboradores de María Corina Machado, cuyo único crimen es haber hecho parte de la campaña de la oposición contra el chavismo, están encerrados en la otrora embajada de Argentina. Les cortan el agua, les cortan la luz, los amenazan y no los dejan salir del país. Esa actitud, que por fin mereció un pronunciamiento público por parte de Colombia, demuestra que se equivocaría la Casa de Nariño si decide ser cómplice del robo electoral del pasado julio.
El 20 de marzo de este año, Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Fernando Martínez Mottola pidieron y recibieron asilo político por parte de Argentina. Sin embargo, el salvoconducto para su salida de Venezuela no ha sido concedido. Cuando el régimen de Maduro rompió relaciones con el presidente Javier Milei, la embajada quedó bajo custodia de Brasil. Ahora sabemos, según el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, que nuestro país también ofreció hacerse cargo y ha hecho gestiones diplomáticas para garantizar los salvoconductos. Sin embargo, ha fracasado de manera rotunda.
Esta semana, tras un prolongado silencio público y luego de la crítica del expresidente Juan Manuel Santos, la Cancillería salió a reiterar la “solicitud expresa a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela para que se apeguen a los principios del derecho internacional, en particular en relación con la situación de las seis personas solicitantes de asilo político que permanecen bajo custodia en la sede diplomática de la República Argentina en Caracas”. La posición colombiana sigue caminando encima de cáscaras de huevo, intentando no romper la delicada relación con la dictadura y, al mismo tiempo, defender principios democráticos. Como hemos mencionado en un par de ocasiones aquí, a esa estrategia se le agota el tiempo.
Resultó muy notoria, en ese sentido, la ausencia de Colombia en la reunión de la Organización de Estados Americanos donde se discutió una declaración conjunta exigiendo la inmediata concesión de los salvoconductos. ¿Cómo explicar esa ausencia cuando la violación al derecho de asilo proviene del régimen de Maduro y al mismo tiempo, hace unos meses, haber promovido y sacado adelante, ante la misma OEA, una resolución condenando la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas?
Meda, una de las asiladas, explicó hace unos días la situación que viven: “No podemos ni salir a buscar agua, ni una medicina. Ha sido muy desgastante... El régimen ha decidido usar esta embajada como un mecanismo de coacción y presión ante todo lo que ellos sienten que puede vulnerar su posibilidad de mantenerse en el poder”. Eso último, en particular, debería llevar a reflexiones en la Casa de Nariño.
Nicolás Maduro está buscando aterrorizar a cualquiera que se le opone. Esa actitud no es una respuesta al bloqueo económico, sino a su necesidad de mantenerse en el poder. No hay orden internacional que valga, no hay respeto por la Convención Americana, no hay interés alguno en la democracia. Colombia necesita reconocer esa lamentable realidad y no caer en complicidades.
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