El reciente informe de la Contraloría sobre las deudas de las EPS en el sistema de salud puede resumirse en tres ideas. La primera, la más llamativa, pero también problemática, es la cifra total: $32 billones es lo que se debe, algo que es difícil dimensionar y que parece apuntar a un barril sin fondo. La segunda frase la ofreció el vicecontralor Carlos Zuluaga en Noticias RCN: “Si esto sigue así, en dos años va a haber una o dos EPS. Vamos a tener un colapso verdadero”. La tercera, como contó Juan Diego Quiceno en El Espectador, viene de la Contraloría sobre la intervención del Gobierno a varias EPS: “Cuando vemos un comparativo entre los años 2024 y los anteriores encontramos que esas intervenciones no han sido eficientes en lo que se han propuesto, sino todo lo contrario”.
Para entender por qué esas tres ideas son tan importantes, hay que agregar una cuarta declaración, esta del presidente de la República, Gustavo Petro. “Cada que vez que se aumentan las transferencias públicas a las EPS, no se vuelven en más servicios a sus afiliados, sino en más patrimonio de sus dueños”, dijo en respuesta a la solicitud de más recursos. Esto en el marco no solo de las deudas que menciona la Contraloría, sino de una realidad evidenciada por la Corte Constitucional sobre cómo el Estado no ha calculado de manera apropiada lo que debería estar girando por paciente y por servicios prestados.
Estamos, entonces, ante una tragedia anunciada y, pese a los múltiples esfuerzos y llamados a la mesura en estos años, el presidente Petro sigue atrincherado en su posición radical contra las EPS y el modelo que aún sigue vigente. El problema de fondo no es si la reforma que está en el Congreso es la manera de solucionar lo que ocurre, sino que este desfinanciamiento desastroso empeora la calidad y pone en riesgo a los colombianos actualmente. Responder simplemente con ataques y hostilidad lo único que logra es sembrar más incertidumbre. Especialmente porque, como le explicaron múltiples expertos a El Espectador y lo dijo la Contraloría, las deudas no se deben exclusivamente a malos manejos. La crisis no empezó en el gobierno Petro, pero la posición maniquea de todo o nada de la Casa de Nariño está empeorándola. Lo que lleva a una pregunta necesaria: ¿es, acaso, ese el plan?
Porque, si lo es, el informe de la Contraloría muestra que la intervención estatal no es que sea la panacea de la solución. Las EPS intervenidas tienen mayores tasas de quejas, la Nueva EPS no ha presentado informes financieros consolidados de los últimos dos años e incluso la toma de Sanitas, que fue reversada por la Corte Constitucional por un evidente abuso de autoridad, llevó a empeorar el estado de la EPS. Es como si el Gobierno estuviera aprendiendo de manera muy pública lo que todos los actores del sistema saben hace años: que administrar la salud de los colombianos es una tarea complejísima y no hay fórmulas mágicas para hacerlo.
Necesitamos un liderazgo capaz de construir consensos, pero la voluntad política no parece estar. La crisis, entonces, seguirá empeorando. Con perjuicios para todos los colombianos.
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