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Daniel Ortega, líder autoritario de Nicaragua, llamó a Colombia un “narco-Estado” y se burló del asesinato de líderes sociales. En respuesta y por petición de la Cancillería, el embajador colombiano en ese país, Alfredo Rangel Suárez, envió una misiva donde la posición nacional fue clara: “Rechazamos estas declaraciones que, infructuosamente, buscan distraer la atención de la comunidad internacional sobre la crítica situación de derechos humanos y las múltiples violaciones que sufren los ciudadanos nicaragüenses, los partidos políticos y los opositores al régimen de Ortega, de las cuales es testigo el mundo entero”. Ahora, Ortega dice que eso es una intromisión indebida en asuntos internos y le quitó las credenciales a Rangel.
Lo curioso del asunto es que Colombia no mintió. Lo dicho por Rangel está ampliamente documentado. Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo, han hecho todo lo posible por afectar la democracia en su país. Después de reprimir de manera violenta unas manifestaciones, emplearon su control sobre el Poder Judicial para sacar del camino a todos sus opositores. Las cifras son claras: al menos 46 opositores, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, fueron detenidos el año pasado bajo cargos de atentar contra la integridad nacional. Todo esto, en vísperas de unas elecciones que Ortega “ganó” sin oponentes serios y ante cuestionamientos fundados de fraude.
Por supuesto, todo hace parte del espectáculo de Ortega y Murillo para, en efecto, desviar la atención. Incluso la declaración original del líder autoritario está diseñada con ese objetivo. “El narcotráfico tiene tomados los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están los más grandes consumidores”, dijo, y agregó: “y en lo que es la producción, Colombia. Es un narco-Estado”. ¿No se trata esa manifestación, acaso, de una intromisión en asuntos internos y un desprestigio internacional injustificado?
Que Colombia tiene un serio problema por culpa del narcotráfico es innegable. Decir que el Estado se encuentra infiltrado por los narcos al punto de ser un narco-Estado es una postura equivocada. También niega los esfuerzos de las últimas décadas por construir una institucionalidad que, aunque frágil, ha logrado recuperar el control del gobierno público y hacer un proceso de reparación de las víctimas. A todas luces, es una ofensa que merecía una protesta.
Ahora Rangel, sin embargo, está de vuelta en Colombia y las relaciones con Nicaragua se enfrían. No hay de otra. Es la realidad de la diplomacia en tiempos autoritarios, cuando el populismo y los caprichos de hombres como Ortega condenan a los pueblos a vivir sin libertades, democracia ni Estado de derecho. Lo peor es que no hay solución en el horizonte. Solo quedan las protestas diplomáticas, escuchar los aspavientos de los líderes caprichosos y seguir trabajando para que nuestras instituciones se fortalezcan y no caigan en la trampa que tantos otros países no pudieron evitar.
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