Vanas ilusiones. En el mismo momento en que las rotativas imprimían dichas reflexiones, un comando, presumiblemente de las Farc, vestido con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, explotaba una granada en la casa del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, en Florencia, y lo sacaba a rastras hacia el secuestro y, horas después, a la propia muerte. En este caso, para colmo, se trataba de un ganadero de 69 años, enfermo de una pierna y de la columna vertebral. En la operación, por si fuera poco, los secuestradores habían ya asesinado al patrullero Javier Simón García Gutiérrez, que protegía al gobernador, y herido a otros dos policías que acudieron a apoyar su valiente defensa.
Es cierto que las Farc no se han atribuido, hasta el momento de escribir estas líneas, el secuestro del gobernador del Caquetá, pero también lo es que esta no era la primera sino la quinta vez que Luis Francisco Cuéllar era secuestrado por sus actividades ganaderas en ese departamento, refugio de las Farc. Es verdad sabida, además, que en su arrinconamiento la guerrilla pretende dar muestras de poder en esta época previa a las elecciones. Así como es innegable ya que la crueldad de sus acciones no es un disuasivo para estos criminales en dicho empeño. Que fueron las Farc, pues, resulta una obviedad.
Y también una afrenta sin nombre a quienes con valor humanitario —que en momentos como estos es fácil confundir con ingenuidad— han venido solicitando y vienen trabajando por abrir las puertas de la libertad para los secuestrados. Este acto insano de las Farc significa el rompimiento de toda esperanza. La reacción del presidente Uribe ayer es apenas entendible. “No podemos seguir pendientes de los caprichos de los terroristas. Es la hora de tener firmeza para avanzar en el rescate militar de los secuestrados”, dijo enérgico. “¿Quién les va a creer a esos bandidos? Por favor, no esperemos actos de generosidad, rescatemos militarmente a los secuestrados”, insistió.
Hemos llegado, después de que se había avanzado tanto hacia los gestos humanitarios, al mismo punto sin retorno del rescate militar. Y además, gracias a las Farc, con el respaldo mayoritario de una ciudadanía hastiada de su cinismo. Poco peso tienen hoy las reflexiones, válidas por demás, sobre el peligro que representa para la vida de los secuestrados inocentes la opción militar. Aun cuando la muerte del gobernador Cuéllar sea una muestra de lo que las operaciones militares pueden producir cuando hay secuestrados de por medio, no cabe duda que es la utilización de los civiles con propósitos de guerra como acción permanente de las Farc la única culpable de esta muerte. Y de tantas otras.
Para completar esta triste Navidad, todo sucede en medio de un contexto electoral. Fue inconcebible escuchar ayer tanto a quienes salieron prestos a declarar que el secuestro del Gobernador era una muestra de la debilidad de la seguridad democrática, como a quienes lo mismo hicieron para considerarlo una muestra de que ella debe continuar. Ambos mensajes, por supuesto, referidos a la posible reelección del presidente Uribe. Si el espacio para las paulatina humanización de nuestro conflicto se cierra cada vez más por la barbarie de las Farc, al menos sería de esperar que quienes se mantienen en la institucionalidad dejaran de jugar a la política con el drama de la guerra.
Por El Espectador
