El camino es un fiscal “ad hoc”

Los hechos son graves. Noticias Uno, El Espectador y la revista Semana publicaron audios de conversaciones entre Jorge Enrique Pizano, fallecido controller del contrato Ruta del Sol II, y el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien entonces era un ciudadano y formulaba conceptos para el Grupo Aval y Corficolombiana. En las grabaciones queda en evidencia cómo Martínez tuvo conocimiento de los reparos que Pizano tenía sobre el manejo que Odebrecht les estaba dando a los contratos relacionados con la ejecución de la Ruta del Sol II.

Además de lo anterior, Pizano murió y a los tres días su hijo también falleció, después de haber consumido un agua que contenía cianuro. Esta situación sigue en investigación.

Como lo dijimos en su momento, más allá de que el fiscal Martínez ha dado explicaciones sobre lo que sabía (y no sabía) con respecto a Odebrecht, y a que en efecto se declaró impedido desde el principio para este caso particular, es evidente que el país necesita más garantías de la independencia de la investigación. Más aún cuando el testimonio de Pizano no fue oído en su momento.

Por eso, celebramos que el fiscal Martínez, junto con la vicefiscal María Paulina Riveros, quien lleva la investigación, le pidieran esta semana a la Corte Suprema de Justicia que considere nombrar a un fiscal ad hoc independiente de la Fiscalía. Como dijo Martínez, “hemos visitado al presidente y al vicepresidente de la Corte y se ha manifestado la profunda convicción que desde el día uno se tiene que en los casos de impedimentos lo más conveniente será siempre un fiscal ad hoc”.

Se trata, sin duda, de una figura atípica en Colombia. También revive el debate que surgió cuando se presentó un proyecto de ley que pretendía regular la implementación de fiscales ad hoc en casos de impedimentos. En aquel momento, como contó El Espectador, el Consejo Superior de Política Criminal se opuso, entre otros motivos, por el gasto de recursos que una figura así representa para el Estado. Por eso la decisión que se tome puede tener implicaciones que trasciendan el caso Odebrecht.

Dicho eso, nos sigue pareciendo que nombrar a un fiscal ad hoc es la mejor solución. De hecho, la Corte debería considerar la propuesta del procurador Fernando Carrillo. En un documento, el Ministerio Público argumentó que “lo que debe proceder es la definición de una estructura que permita el aseguramiento de los principios de transparencia, independencia y celeridad, es decir, que más que hablar de un fiscal ad hoc, lo que se debería conformar es un equipo de instrucción e investigación penal ad hoc”.

El presidente Iván Duque, quien sería el encargado de enviar una terna a la Corte de explorarse esta figura, debe velar por elegir figuras que garanticen la transparencia y la independencia. En un momento histórico, la terna debe estar conformada por personas idóneas, que no permitan ni un ápice de dudas. Lo que está en juego es la legitimidad de la Fiscalía y de todo el sistema judicial colombiano.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Los hechos son graves. Noticias Uno, El Espectador y la revista Semana publicaron audios de conversaciones entre Jorge Enrique Pizano, fallecido controller del contrato Ruta del Sol II, y el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien entonces era un ciudadano y formulaba conceptos para el Grupo Aval y Corficolombiana. En las grabaciones queda en evidencia cómo Martínez tuvo conocimiento de los reparos que Pizano tenía sobre el manejo que Odebrecht les estaba dando a los contratos relacionados con la ejecución de la Ruta del Sol II.

Además de lo anterior, Pizano murió y a los tres días su hijo también falleció, después de haber consumido un agua que contenía cianuro. Esta situación sigue en investigación.

Como lo dijimos en su momento, más allá de que el fiscal Martínez ha dado explicaciones sobre lo que sabía (y no sabía) con respecto a Odebrecht, y a que en efecto se declaró impedido desde el principio para este caso particular, es evidente que el país necesita más garantías de la independencia de la investigación. Más aún cuando el testimonio de Pizano no fue oído en su momento.

Por eso, celebramos que el fiscal Martínez, junto con la vicefiscal María Paulina Riveros, quien lleva la investigación, le pidieran esta semana a la Corte Suprema de Justicia que considere nombrar a un fiscal ad hoc independiente de la Fiscalía. Como dijo Martínez, “hemos visitado al presidente y al vicepresidente de la Corte y se ha manifestado la profunda convicción que desde el día uno se tiene que en los casos de impedimentos lo más conveniente será siempre un fiscal ad hoc”.

Se trata, sin duda, de una figura atípica en Colombia. También revive el debate que surgió cuando se presentó un proyecto de ley que pretendía regular la implementación de fiscales ad hoc en casos de impedimentos. En aquel momento, como contó El Espectador, el Consejo Superior de Política Criminal se opuso, entre otros motivos, por el gasto de recursos que una figura así representa para el Estado. Por eso la decisión que se tome puede tener implicaciones que trasciendan el caso Odebrecht.

Dicho eso, nos sigue pareciendo que nombrar a un fiscal ad hoc es la mejor solución. De hecho, la Corte debería considerar la propuesta del procurador Fernando Carrillo. En un documento, el Ministerio Público argumentó que “lo que debe proceder es la definición de una estructura que permita el aseguramiento de los principios de transparencia, independencia y celeridad, es decir, que más que hablar de un fiscal ad hoc, lo que se debería conformar es un equipo de instrucción e investigación penal ad hoc”.

El presidente Iván Duque, quien sería el encargado de enviar una terna a la Corte de explorarse esta figura, debe velar por elegir figuras que garanticen la transparencia y la independencia. En un momento histórico, la terna debe estar conformada por personas idóneas, que no permitan ni un ápice de dudas. Lo que está en juego es la legitimidad de la Fiscalía y de todo el sistema judicial colombiano.

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