Hoy, Mora pasa sus días en la cárcel La Picota de Bogotá.
La fama de Mora no proviene de sus actos, claro, sino porque la pena resulta a todas luces excesiva para un delito de menor entidad. Sin embargo, el hecho propone una reflexión mayúscula sobre la manera en que la justicia avanza en la implementación del sistema penal acusatorio. No parece haber armonía entre los delitos y las penas, si el punto de partida de esta reflexión es la peligrosidad del delincuente.
Mora, a diferencia de reconocidos jefes paramilitares, no tuvo cómplices a quienes delatar. Tampoco armas para entregar y mucho menos delitos de lesa humanidad que confesar; por ello, no tuvo manera de negociar con la Fiscalía.
Mora tampoco contó con información valiosa sobre las actividades delictivas de contratistas del Estado ni cuenta entre sus amistades con políticos avezados en el arte de defraudar; por esa razón no le fue posible negociar un principio de oportunidad y menos tener casa por cárcel.
Mora, al no ser jefe de ningún cartel (salvo quizás el de los golosos irredentos), ha corrido la suerte de todo aquel que se enfrenta sin más armas que la probidad de sus actos (o en este caso la irrelevancia de los mismos) a un aparato judicial que carece de instrumentos para tratar de una forma menos severa a quien no reviste mayor peligro para la sociedad.
Lo que todo esto parece demostrar es que en el país sólo aquel que tiene una carrera criminal cimentada sobre la muerte, la trampa o la corrupción es quien puede aspirar a ser tratado de mejor manera por un sistema penal que supuestamente está pensado para negociar con el delincuente en aras de encontrar “una verdad” que, como se ha comprobado en resonados casos, como el del carrusel de la contratación en Bogotá por citar apenas uno, parece, sin embargo, cada vez más esquiva de hallar.
Así pues, para el mes de diciembre de este año, si todo sale bien y Mora sobrevive a su condena en una de las cárceles con mayor hacinamiento del país, tendremos en las calles nuevamente, no al jefe de un temido cartel, sino a un hombre ya muy lejano a cualquier esperanza de resocialización. ¿Cómo no? Si la adicción al chocolate no es moneda de cambio con la que la Fiscalía quiera negociar.
Más dramática resulta esta reflexión si pensamos en los miles de colombianos que enfrentan causas penales sin tener responsabilidad alguna en los hechos que se les imputan. Ellos, peor aún y a diferencia del protagonista del caso que nos ocupa, ni fueron capturados en azucarada flagrancia, ni tienen nada que confesar. Esos ciudadanos del común no cuentan con la esperanza de que el ente investigador se acerque a ofrecerles un trato siquiera digno a la hora de enfrentar las investigaciones de las que son objeto.
Estas injusticias —porque eso es lo que son— deberían servir para impulsar una reflexión sobre el tipo de justicia que en materia penal demanda el país. Estamos en plena campaña electoral y las campañas de los opcionados, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, hablan sí de una reforma a la justicia urgente, pero centran su discurso en la mecánica de nominación y selección de magistrados, las instancias de juzgamiento para los más poderosos o las facultades de la Procuraduría para sancionar políticos... Temas importantes, sin duda, pero no comparables con la política criminal que afecta a los ciudadanos del común.