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La carta de la fiscal Lucy Laborde, quien está a cargo del caso contra Nicolás Petro, dirigida a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, es de suma gravedad. Publicada ayer por El Colombiano, muestra que la persona encargada de la investigación se ha sentido abandonada por el ente investigador y ahora sugiere estar recibiendo extrañas presiones desde la dirección de lavado de activos. Eso, en medio de estrategias dilatorias de la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, siembra un manto de duda sobre uno de los procesos más relevantes para el país en términos de legitimidad institucional. Con todo lo que ha visto el país con respecto a las evidencias del caso, es inaceptable que haya tantos obstáculos y que la fiscal Camargo no esté asegurando la transparencia después de haber sido nominada por uno de los interesados en la investigación.
El caso de Nicolás Petro ha sido frustrante. Desde que se conocieron algunos chats de Days Vásquez, expareja del hijo del presidente, el país ha visto una serie de eventos desafortunados. Primero, el mismo Nicolás Petro le dio una entrevista a Semana, donde básicamente confirma las acusaciones en su contra y le lanza amenazas veladas a su padre. Después, a pesar de que el proceso estaba andando, el presidente Petro visitó a su hijo, lo que coincidió con un cambio de versiones. Ahora la defensa de Nicolás Petro dice que fue presionado y que todo se trata de un montaje en su contra. De por medio estuvo el fiscal Mario Burgos, que convirtió las audiencias públicas en un desfile de vanidades, lo que a su vez enlodó la legitimidad de su actuar. Para completar, con el cambio en la cabeza de la Fiscalía, Camargo llegó nominada por el presidente Petro, con un claro conflicto de interés en este caso.
Los desarrollos recientes son igual de frustrantes. Cuando la fiscal Laborde anunció una nueva imputación contra Nicolás Petro por tráfico de influencias fue citada sin previo aviso a una reunión con la dirección de lavado de activos. También le asignaron una fiscal para acompañarla, algo que ella considera inapropiado y que no entiende por qué ocurre después de un año de estar trabajando en el proceso. En una de las partes más preocupantes de la carta, la fiscal pide que “se indique por qué motivo, desde que se solicitó la audiencia de imputación, no se corre traslado a este despacho de las peticiones o solicitudes de la defensa; por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la delegada para las Finanzas Criminales, la directora contra el Lavado de Activos y la fiscal de apoyo que ha sido impuesta”. Gravísimo, de ser cierto.
Este caso es similar al del expresidente Álvaro Uribe en cuanto a la importancia de que los operadores judiciales actúen con rigurosidad, transparencia y blindando de legitimidad a las instituciones. No se trata de negar la presunción de inocencia de Nicolás Petro, pero el proceso no puede seguir siendo entorpecido: mientras la defensa ha pedido 10 aplazamientos, ahora se suman dudas sobre el actuar de la Fiscalía. La fiscal Camargo necesita tomar todas las medidas necesarias para despejar cualquier inquietud sobre la autonomía de la fiscal Laborde y para que este proceso avance con celeridad. Colombia necesita conocer las respuestas del caso cuanto antes.
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