Mientras tanto, en Colombia, la excanciller Noemí Sanín insiste en la teoría de vincular a la jueza china de la Corte Internacional de Justicia, Xue Hanquin, con el asunto. Sin embargo, se debe mirar este tema con cuidado, pues tiene varias aristas.
La primera es que la tesis formulada por la excanciller y el abogado Miguel Ceballos, como ya lo mencionamos desde hace un tiempo en estas páginas, suena más a cuento chino. El argumento principal que esgrimen se basa en una serie de hipótesis y suposiciones que los llevan a concluir que la jueza Hanquin ha debido declararse impedida en la demanda de Nicaragua contra Colombia. ¿Los motivos? Ser cercana al agente de dicho país ante la Corte, el embajador Carlos Argüello, cuando fueron colegas en La Haya y, de otro lado, actuar como exdiplomática china y, por tanto, representar los intereses de dicho país.
La canciller Holguín ha salido a cortar de tajo cualquier vínculo con esta teoría conspirativa que busca explicar el fallo adverso de la CIJ. “En ningún momento hemos pensado que la Corte no haya fallado en algo distinto a la ley internacional o que los jueces no hayan fallado a conciencia”, ha dicho.
Lo que sí es cierto es que esta hipótesis está causando gran incomodidad en La Haya, pues se percibe como una estrategia del Gobierno para desacreditar a la Corte. Así lo han hecho saber. Que aquí no estemos de acuerdo con el fallo y que, dentro del sagrado derecho al pataleo, se estén buscando alternativas al mismo por medio de una reconocida firma internacional es una prerrogativa que tiene el país. Las recomendaciones de Volterra Fietta deberán conocerse pronto, para decidir si se puede invocar alguno de los dos caminos que prevé la CIJ para estas eventualidades. Lo que no tiene lógica es tender de antemano un manto de duda sobre la idoneidad de quienes van a evaluar los recursos que se interpongan, en caso de que existan. De ahí la pertinencia de la aclaración hecha por la canciller.
La revelación hecha esta semana por La República de un concepto presentado por el experto Prosper Weil al gobierno de Ernesto Samper en 1996, en el que se avizoraba el resultado desfavorable en cuanto a la plataforma marina, ha agregado sal a la discusión, pues desvirtúa la tesis del consenso nacional en la línea de defensa. Ojalá, eso sí, que esta revelación no despierte lo que ha parecido ser una preocupación central después del fallo: enfocarse en la defensa de la estrategia seguida por los diferentes gobiernos antes que en los posibles recursos para darle vuelta a la decisión. Limpiarse de toda culpa primero y luego sí pensar en el país parecería la actitud de muchos de los actores.
La otra arista es la viabilidad del proyecto en sí mismo y el gran escepticismo que el anuncio de su construcción ha generado en Nicaragua. Una persona de la seriedad del exvicepresidente sandinista y escritor Sergio Ramírez ha planteado en su columna sindicada que reproduce El Tiempo los muchos interrogantes que deja el anuncio de Daniel Ortega . El proyecto no tiene ni el aval ni la participación de China. Ni Estados Unidos ni los cofrades del Alba han manifestado interés en la megaobra. De ahí que la idea de conseguir US$40.000 millones no parezca fácil. Menos cuando no existe proyecto de factibilidad. Se acusa Ortega de “vendepatria” al amarrarse durante 100 años a un elefante blanco. ¿Y de paso lucrarse en el intento?
Ramírez menciona que el consorcio HKND parece más una empresa de papel dirigida por un oscuro personaje, Wang Jing, el chino del cuento. Así las cosas, tal vez no le falte razón cuando dice: “Puedo entonces seguir viendo al recurrente canal por Nicaragua como novelista, fascinado por los grandes mitos nacionales, éste el primero de todos, destinados, dichosamente, a no cumplirse nunca”.