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Hablando con Blu Radio, Sandra Ramírez, ahora segunda vicepresidenta del Senado, dejó en evidencia todo el cinismo de los ex-Farc y los retos que tiene el país en la construcción de memoria histórica. Sus argumentos en torno al reclutamiento forzado de menores y al abuso sexual que se han denunciado, involucrando a excombatientes, son carentes de lógica y se convierten en una afrenta más contra las víctimas. Por fortuna, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la llamada a contar al país lo ocurrido, pues de lo contrario estaríamos condenados a seguir escuchando versiones insensatas sin chance para la reparación.
La elección de Ramírez, quien es parte del partido FARC, es histórica. Se trata de un reconocimiento por el parlamento de la importancia del Acuerdo de Paz y de permitir la participación en política como herramienta para garantizar que de Colombia se destierre para siempre el uso de las armas. En ese sentido, lo celebramos y acompañamos a todos los senadores que apoyaron la candidatura de Ramírez.
Dicho eso, la parlamentaria y excombatiente decidió empañar el momento recordándole al país que los ex-Farc viven en una burbuja. Cuando en Blu Radio le preguntaron por el reclutamiento forzado de menores se molestó, dijo que era un cuestionamiento irrespetuoso y soltó una serie de frases que vale la pena analizar con lupa.
“Si usted ve nuestro reglamento, nosotros no teníamos ese tipo de conductas”, dice, a propósito del reclutamiento forzado de menores de edad. Ese mismo argumento lo repitió en otros espacios y le hizo eco a los líderes de las extintas Farc, quienes insisten en negar el hecho.
El problema es que esa frase tiene un cortocircuito lógico: si una conducta no está en un reglamento, o está prohibida, ¿eso prueba que no ocurrió? Entonces, alargando el argumento, como el Estado colombiano tiene todo un Código Penal prohibiendo una enorme lista de delitos, ¿significa que nunca se cometen? No tiene ningún sentido.
El otro argumento es aún peor. Según Ramírez, “a la guerrilla se llegaba voluntariamente”. También ha dicho que los menores de edad lo hicieron bajo sus propias razones y por eso no fueron forzados. Eso es mentira, pero primero hablemos del problema lógico. Los menores de edad no pueden dar su consentimiento para unirse a una guerra. ¿Alguien que quiere casarse con una niña de 13 años puede decir que ella desea ese matrimonio y, por ende, no hay fuerza? Por supuesto que no: sigue siendo abuso sexual. Los niños, niñas y adolescentes, en desequilibrio de poder, no tenían cómo vincularse voluntariamente a la guerra. Decir lo contrario es cinismo.
Por otro lado, los testimonios de las víctimas sí hablan del uso de la fuerza. Como contó Human Rights Watch, un niño de 12 años les dijo a sus investigadores: “Me capturaron y me amarraron. No quería unirme, pero me convencieron de que si no me les unía me mataban”. Como él hay decenas de miles de víctimas que piden reparación por haber sido reclutados forzosamente. Ante eso, el irrespeto es la versión de Ramírez y sus compañeros de partido.
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