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El Consejo Nacional Electoral (CNE) está en medio de una crisis de legitimidad mientras el Consejo de Estado y la Corte Constitucional difieren en criterios sobre uno de los magistrados del ente electoral. En ese escenario, avanza el proceso contra la campaña del ahora presidente Gustavo Petro, sin que el CNE acepte, como debe hacerlo, la competencia exclusiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en lo que tenga que ver con el mandatario. Si el CNE no reconoce la necesidad de actuar con transparencia y construir su propia legitimidad, puede incurrir en un abuso de poder de consecuencias peligrosas para el país entero.
Esta semana que termina ocurrieron dos noticias relacionadas con el CNE que deben prender las alarmas. La primera es que el Consejo decidió negar las recusaciones contra sus magistrados y decir que tenían competencia para estudiar la financiación de la campaña que llevó al presidente Petro a la Casa de Nariño. En una votación de ocho contra uno, el CNE negó la solicitud de remitir todo el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes; sin embargo, no ha fallado de fondo sobre la competencia frente al presidente de la República. Es allí donde pueden surgir problemas.
El CNE está jugando con fuego, pues la ponencia que está bajo discusión pide juzgar la responsabilidad directa del presidente de la República. Los altos tribunales han sido claros en ese sentido: el juez natural y exclusivo del mandatario es la Comisión de Acusación de la Cámara. Si lo concerniente a él no es remitido, los magistrados entrarían en un abuso de autoridad y estarían actuando en contra de la Constitución. Si el Consejo Nacional Electoral ha decidido continuar con el proceso sobre la campaña, como puede hacerlo con todos los que no sean aforados, debe cuanto antes dejar claro que no tiene competencia sobre el presidente Petro. De esa forma la investigación podría obtener algo de la legitimidad que con razón ha sido puesta en duda.
La segunda noticia tiene implicaciones más allá del CNE. La Sección Quinta del Consejo de Estado contradijo un auto de medidas cautelares de la Corte Constitucional y encontró que debía anularse la elección del magistrado Altus Alejandro Baquero. Según el Consejo de Estado, esto se debe a que Baquero no acreditó los 15 años de experiencia mínima de trabajo para poder postularse al cargo. Lo extraño es que el tribunal administrativo adopta un criterio opuesto al que asumió el tribunal constitucional al dictar la medida cautelar que había devuelto a Baquero a su puesto.
Ahora, es urgente que la Corte Constitucional falle de fondo la tutela en curso interpuesta por Baquero y que el Consejo de Estado cumpla con lo que allí se disponga. Mientras tanto, en la práctica el CNE se queda sin uno de sus magistrados, lo que complica el quórum y amenaza con aplazar aún más el estudio del caso de la campaña del presidente.
Lo hemos dicho: nadie está por encima de las normas. Si la campaña Petro no reportó ingresos o superó sus límites, debe ser sancionada. Sin embargo, las normas establecen que el juez natural de un presidente de la República es la Cámara de Representantes, no el Consejo Nacional Electoral. Cuando la democracia está en juego, los magistrados necesitan actuar con cautela y entendiendo la importancia de sus decisiones. El CNE necesita comprender su responsabilidad histórica.
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