Si el debate político colombiano se caracteriza por la radicalización, en tiempos electorales es aún más difícil encontrar posturas matizadas. Sin embargo, las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las candidaturas de la izquierda exigen observar con filigrana lo ocurrido. Encontramos, a nuestro parecer, que dos realidades pueden ser verdad: por un lado, es cierto que hay normas que explican de manera suficiente las medidas tomadas contra el senador Iván Cepeda respecto de su participación en una (otra) consulta interpartidista y contra varias de las listas al Congreso que presentó el Pacto Histórico; por otro lado, es innegable que el CNE es una entidad que ha perdido toda legitimidad, que está secuestrada por intereses políticos y que les hace mucho daño a las instituciones del país el hecho de que una reforma al mismo sea básicamente imposible de adelantar por los intereses de los líderes políticos en el Congreso.
La inhabilidad de Iván Cepeda, puntero en las encuestas conocidas hasta ahora, para participar en la consulta de la izquierda se llevó todos los reflectores. El presidente Gustavo Petro emitió uno de sus juicios catastrofistas: “Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Les pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución y la Convención Americana”. Por su parte, más mesurado pero claramente molesto, el senador Cepeda dijo que “es una decisión arbitraria y viola los derechos no solamente del candidato, sino también los del partido y los de millones de personas que participaron en la consulta”, al tiempo que anunció que irá directamente a la primera vuelta presidencial.
Es comprensible la frustración del proyecto político del presidente, pero es prudente dimensionar adecuadamente la decisión. Como Cepeda participó en octubre en una consulta presidencial interpartidista, el CNE cita normas que evitan que se vuelva a repetir la misma figura. El raciocinio jurídico es legítimo, aunque sea inconveniente. Además, no se trata de un “golpe”: uno, se están siguiendo las leyes y, dos, el senador Cepeda aún puede ser candidato en las votaciones más importantes. Algo similar ocurre con las listas del Pacto Histórico. Dado que recibieron más de 15 % de la votación, la norma exige que no se presenten en coalición. Las pueden rearmar pero, por supuesto, hay que cumplir las normas electorales.
Dicho lo anterior, el CNE debe ser reformado, o abolido, con urgencia. Conformado por políticos elegidos por los partidos, el Consejo tiene demasiado poder para tomar decisiones sobre reglas electorales. Donde debería haber independencia, hay sospechas y muy malos indicios. Para la muestra, un botón en esta coyuntura: Hollman Ibáñez Parra, conjuez que definió la decisión final sobre Cepeda, tiene lazos comprobables con el principal contendor del senador en las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella. Eso no tiene ninguna presentación.
El problema es que, cada vez que se ha intentado reformar el CNE, los políticos hacen lo posible por desentenderse del debate. Por supuesto, les conviene mantener su representación. Sin embargo, lo que buscaba ser un mecanismo para evitar sesgos se ha prestado para abusos y procesos temerarios. Nuestro órgano electoral necesita autonomía e independencia para que todas las fuerzas políticas se sientan tranquilas. Es urgente que el próximo Congreso le meta el diente a esta discusión dejando a un lado intereses individuales. Sin embargo, si la historia es el indicador, eso no ocurrirá, lo que daña aún más la confianza de los colombianos en sus instituciones.
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