Si algo nos queda de esta época caótica de elecciones locales, ojalá sea el consenso de tener que reformar al Consejo Nacional Electoral (CNE). No tiene presentación que a pocas semanas de las votaciones tengamos cientos de decisiones sobre inhabilidades que luego son mediadas por acciones de tutela y que dejan en vilo los tarjetones. Hay cuestionamientos válidos sobre la conformación de los magistrados del Consejo, sus influencias políticas y sobre la potestad que tiene el organismo para dejar fuera de contención a personas que no tienen sanciones penales. Junto con la Procuraduría, debería ser prioridad del Congreso y del Gobierno modificar las reglas de juego para que esta situación no se siga presentando.
Tiene razón el senador de la República Humberto de la Calle, quien desde hace meses viene pedaleando un proyecto de ley para reformar al CNE. En aquel entonces dijo que buscan “la independencia y autonomía del CNE. Lo presentamos para que rija en 2026 y con esto evitar suspicacias, pero sostenemos que la madre de todos los vicios del sistema electoral proviene de la organización actual, los consejeros electorales son delegados de los partidos, eso no da garantía”. Hace poco, hablando con Noticias RCN, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, señaló algo similar: “A mí no me gusta y al Gobierno no le gusta que el árbitro electoral sea definido por quienes están en la contienda electoral, entre otras cosas, porque representan partidos. Me parece que el árbitro electoral debe tener un origen diferente”. Estamos de acuerdo.
La voz del ministro Velasco se da en medio de una avalancha de decisiones tomadas por el CNE que dejaron fuera de competición a grandes nombres en las elecciones locales. El presidente de la República, Gustavo Petro, entró a terciar en el debate con una declaración vehemente: “Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la Corte IDH, que es de obligatorio cumplimiento. En muchas regiones las decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos”. El problema es que, por lo menos para las elecciones de este mes, no parece haber solución a la vista y lo que se avecina son demandas contra el Estado colombiano en el ámbito internacional.
El CNE, sin embargo, viene tomando decisiones ajustadas a derecho. No solo porque cuenta con las potestades para decretar las inhabilidades, sino porque todo el embrollo de las facultades de la Procuraduría ha dejado a Colombia en un limbo jurídico que hemos discutido en varias ocasiones. Difícil labor tienen los jueces que en este momento estudian las tutelas contra el Consejo Nacional Electoral, pues la jurisprudencia no es clara y el caos está siendo la norma. No obstante, es necesario que, más allá de la conversación sobre la Corte IDH, Colombia tenga un tribunal electoral que sea independiente, que no dependa de los partidos políticos y que no arroje las elecciones al caos a pocas semanas de que las personas salgan a votar.
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