El Código de Policía en acción (equivocada)

El Código de Policía, que debería promover la convivencia ciudadana, ha terminado en su aplicación por hacer todo lo contrario: darle a la Policía amplios poderes sin controles claros para, con el pretexto de garantizar la seguridad y el orden a toda costa, cometer abusos y perseguir conductas inofensivas y legítimas con castigos desproporcionados.

En las últimas semanas se ha conocido una seguidilla de casos, cada uno más inverosímil que el anterior, que dejaron a la mayoría de colombianos indignados y confundidos. Todo comenzó con la multa de más de $800.000 que se le impuso hace unas semanas a un hombre que compró una empanada en un puesto ambulante en Bogotá, por supuestamente promover la ocupación ilegal del espacio público, lo cual abrió un debate sobre si la multa era adecuada o si fue una interpretación errónea del Código de Policía.

Tras el escándalo, un joven de Sincelejo fue amonestado por preguntarle a un policía si le gustaban las empanadas, y en El Dorado (Meta) tres adolescentes recibieron comparendos de $282.000 por gritar “empanadas” en varias oportunidades cuando pasaban al lado de un policía. El caso más reciente, dado a conocer por el escritor William Ospina en su columna de El Espectador, es el de Jesús Espicasa, un joven que vendía poemas escritos a máquina en las calles de Usaquén, en Bogotá, y fue llevado hasta un CAI cercano y, por supuesto, multado por su osadía.

Estas situaciones, que no dejan de ser absurdas e indignantes, son síntoma de un problema más grave. Como señaló Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, “la empanada es lo de menos. Estas discusiones marginales lo que ocultan es que el Código está siendo sistemáticamente mal implementado por los policías”.

Es evidente que hay un problema de interpretación que debe ser corregido con urgencia entre los uniformados. Pero no deja de ser cierto también que el Código aprobado por el Congreso en 2016 era excesivamente ambiguo y punitivo desde un principio, como se advirtió en su momento, entre otras desde estas páginas, dejando la puerta abierta para interpretaciones arbitrarias que descuidan los componentes pedagógicos y de conciliación. Es muy diciente que la Corte Constitucional haya tenido que pronunciarse en contra de varios artículos problemáticos, pero incluso después de estas intervenciones, los abusos persisten.

Mejorar la convivencia es responsabilidad de todos, pero las fuerzas de policía tienen un papel fundamental para garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos. Como bien lo explicó el investigador de Dejusticia Sebastián Lalinde en El Espectador, “cuando la policía no tiene límites ni controles efectivos, esta ecuación se invierte: la seguridad y el orden se vuelven fines en sí mismos y los derechos terminan dependiendo de esos dos principios”.

Las ciudades colombianas enfrentan enormes retos de seguridad y convivencia, pero la respuesta no puede ser una Fuerza Pública que vuelca sus recursos limitados en perseguir conductas inofensivas o violar derechos, particularmente los de los más vulnerables o aquellos que pueden ser considerados como “indeseables”, como los vendedores ambulantes que no tienen otros medios para subsistir.

La policía tiene que recobrar su vocación y convertirse en aliada de los colombianos, en lugar de aumentar la desconfianza.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El Código de Policía, que debería promover la convivencia ciudadana, ha terminado en su aplicación por hacer todo lo contrario: darle a la Policía amplios poderes sin controles claros para, con el pretexto de garantizar la seguridad y el orden a toda costa, cometer abusos y perseguir conductas inofensivas y legítimas con castigos desproporcionados.

En las últimas semanas se ha conocido una seguidilla de casos, cada uno más inverosímil que el anterior, que dejaron a la mayoría de colombianos indignados y confundidos. Todo comenzó con la multa de más de $800.000 que se le impuso hace unas semanas a un hombre que compró una empanada en un puesto ambulante en Bogotá, por supuestamente promover la ocupación ilegal del espacio público, lo cual abrió un debate sobre si la multa era adecuada o si fue una interpretación errónea del Código de Policía.

Tras el escándalo, un joven de Sincelejo fue amonestado por preguntarle a un policía si le gustaban las empanadas, y en El Dorado (Meta) tres adolescentes recibieron comparendos de $282.000 por gritar “empanadas” en varias oportunidades cuando pasaban al lado de un policía. El caso más reciente, dado a conocer por el escritor William Ospina en su columna de El Espectador, es el de Jesús Espicasa, un joven que vendía poemas escritos a máquina en las calles de Usaquén, en Bogotá, y fue llevado hasta un CAI cercano y, por supuesto, multado por su osadía.

Estas situaciones, que no dejan de ser absurdas e indignantes, son síntoma de un problema más grave. Como señaló Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, “la empanada es lo de menos. Estas discusiones marginales lo que ocultan es que el Código está siendo sistemáticamente mal implementado por los policías”.

Es evidente que hay un problema de interpretación que debe ser corregido con urgencia entre los uniformados. Pero no deja de ser cierto también que el Código aprobado por el Congreso en 2016 era excesivamente ambiguo y punitivo desde un principio, como se advirtió en su momento, entre otras desde estas páginas, dejando la puerta abierta para interpretaciones arbitrarias que descuidan los componentes pedagógicos y de conciliación. Es muy diciente que la Corte Constitucional haya tenido que pronunciarse en contra de varios artículos problemáticos, pero incluso después de estas intervenciones, los abusos persisten.

Mejorar la convivencia es responsabilidad de todos, pero las fuerzas de policía tienen un papel fundamental para garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos. Como bien lo explicó el investigador de Dejusticia Sebastián Lalinde en El Espectador, “cuando la policía no tiene límites ni controles efectivos, esta ecuación se invierte: la seguridad y el orden se vuelven fines en sí mismos y los derechos terminan dependiendo de esos dos principios”.

Las ciudades colombianas enfrentan enormes retos de seguridad y convivencia, pero la respuesta no puede ser una Fuerza Pública que vuelca sus recursos limitados en perseguir conductas inofensivas o violar derechos, particularmente los de los más vulnerables o aquellos que pueden ser considerados como “indeseables”, como los vendedores ambulantes que no tienen otros medios para subsistir.

La policía tiene que recobrar su vocación y convertirse en aliada de los colombianos, en lugar de aumentar la desconfianza.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.