El comportamiento de un Estado democrático

La vigilancia de las actuaciones de la Policía es un acto necesario, deseable. Algo anda mal con las instituciones si no pueden enfrentar esa presión ni están abiertas a revisar su proceder antes que justificarlo a toda costa. / Foto: Mauricio Alvarado - El Espectador

Pedirles a las instituciones que ajusten ciertos comportamientos impropios o, peor, por fuera de la legalidad, no es, en ningún momento, atacarlas o afectar su legitimidad. Todo lo contrario: es una señal de respeto por lo que representan y por la importancia que tienen. No puede olvidarse esa idea en medio de los ánimos caldeados de esta Colombia en medio de manifestaciones.

Algo anda mal con las instituciones cuando el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla, se siente impelido a tener que justificar el uso de un vehículo particular para trasladar a personas capturadas en medio de una protesta.

Más allá de que se tratara de un carro perteneciente a la Policía, la desconfianza que despertó en los ciudadanos estaba más que justificada. El Estado exige el uso de herramientas plenamente identificadas (uniformes, vehículos) no por mero capricho, sino porque el ejercicio de la fuerza tiene que ser transparente en todo momento. Dentro de los derechos de los colombianos está no tener que hacer una búsqueda en el registro de placas vehiculares para saber que están siendo transportados en un carro oficial.

El temor que sintieron las dos personas detenidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) al ser transportadas en un vehículo sin signos distintivos de la Policía no puede justificarse en Colombia. Nada puede despertar dudas sobre el derecho al debido proceso.

Decir lo anterior no es negar que la Policía está enfrentando situaciones muy complejas. La violencia insensata en su contra (las papas bombas, las piedras, las patadas) y la estigmatización son injustas con una institución cuyos miembros están comprometidos con la protección de los colombianos. Los miembros de la Fuerza Pública que han sido heridos y agredidos durante este paro nacional deben tener todo el respaldo de los colombianos. Y esos actos, una censura sin miramientos.

Más allá de eso, lo importante es recordar que criticar actuaciones puntuales es solo pedirle al Estado que actúe como se supone que los Estados democráticos se comportan. Nada más, nada menos. Es una defensa de la institucionalidad como garante de la paz en nuestra sociedad.

Se equivoca, entonces, el general Penilla al pedir que “no me cuestionen todo lo que hacen nuestros policías, por Dios, (...) porque estamos, se los digo sinceramente, afectando un Estado de derecho”. También se equivoca al decir que el único error, en el incidente del vehículo particular, fue “una falla en el procedimiento (pues) debieron haber terminado la captura y llevarla hasta donde correspondía”.

Precisamente porque el Estado de derecho establece reglas de procedimiento claras para el ejercicio de la fuerza estatal, y porque en las democracias las autoridades responden a los ciudadanos, es que la vigilancia de las actuaciones de la Policía es un acto necesario, deseable. Algo anda mal con las instituciones si no pueden enfrentar esa presión ni están abiertas a revisar su proceder antes que justificarlo a toda costa.

Colombia necesita serenidad, prudencia y reflexión. Ya lo hemos dicho, pero los hechos de la última semana exigen repetirnos. Sí, hay actores externos e internos que celebran el caos y promueven las confrontaciones. Pero los defensores de la Constitución no pueden aceptar amenazas existenciales a la República ni entre las autoridades ni entre los ciudadanos que las cuestionan.

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