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Le queda muy mal a las concejalas que aprobaron el proyecto de la “Ruta por la Vida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer” disimular sus verdaderas intenciones. En respuesta a la justa indignación del movimiento feminista en el país, quienes impulsaron el proyecto de acuerdo 340 de 2025 en el Concejo de Bogotá salieron a decir que las estaban malinterpretando y que lo único que buscaban era, precisamente, proteger a las mujeres de la ciudad capital. Sin embargo, la realidad es que están utilizando estrategias empleadas en otros países para estigmatizar a quienes buscan ejercer el derecho al aborto, que está permitido en todos los casos en Colombia hasta la semana 24 de gestación.
Basta con reconocer los antecedentes de las líderes del proyecto de acuerdo para empezar a sospechar. Clara Lucía Sandoval es una de esas representantes contradictorias del Partido Liberal, pues, a pesar de hacer parte de una colectividad política que se dice progresista, sus posiciones son más bien conservadoras. Tiene sentido: se trata de una pastora de la iglesia cristiana Misión Carismática Internacional y en el pasado impulsó un fracasado proyecto de referendo para contrarrestar la sentencia de la Corte Constitucional que permitió el aborto hasta la semana 24. Otra de las influencias en este proyecto fue la exconcejala Sara Castellanos, cabeza de la lista al Senado por el partido ultraconservador Salvación Nacional. El conservadurismo colombiano puede, por supuesto, luchar por sus ideas en el debate público, pero cuando adoptan medidas que afectan derechos ya establecidos en la jurisprudencia, es preocupante que no sean directos al respecto.
Según Sandoval, este “es un proyecto de acuerdo que lo que busca es proteger a las madres gestantes, brindar información clara y completa a las mujeres, garantizar el derecho a la salud, proteger a las mujeres lactantes y la vida del que está por nacer, respetando en todo momento la voluntad de las mujeres”. Suena muy bien, pero la realidad no es esa. Como le explicó a El Espectador Viviana Bohórquez, directora de la Fundación Jacarandas, el acuerdo “es una estrategia para generar barreras a las mujeres y personas gestantes que busca pasar por encima de la Corte Constitucional. El aborto es un derecho y cualquier barrera que se imponga es inconstitucional y no debería existir”.
La principal agresión que comete el proyecto de acuerdo contra las mujeres en Bogotá es pedirles valoración psicológica cuando entren a procesos de interrupción voluntaria del embarazo. Aunque la concejal Sandoval habla de brindar “información clara y completa”, la experiencia en otros países es que esos obstáculos lo que hacen es favorecer el cambio de opinión en las mujeres gestantes, sembrando desinformación sobre el aborto y afectando a su libre desarrollo de la personalidad. Adicionalmente, siempre que se agrega un requisito burocrático más para acceder al aborto en Colombia, lo que termina pasando es que menos mujeres pueden acceder a los procedimientos. La experiencia, documentada en múltiples sentencias de tutela de la Corte Constitucional, nos muestra que los prestadores de servicios de salud utilizan cualquier excusa para dilatar el acceso a los abortos, lo que lleva a que las mujeres desistan. No es casualidad que el acuerdo se llame “Ruta por la vida”, haciéndole eco a la retórica de los autoproclamados movimientos “provida” que en la práctica terminan abandonando a las mujeres que necesitan un aborto.
No hay que dar muchas vueltas para entender que este proyecto de acuerdo busca estigmatizar y establecer requisitos a las mujeres en Bogotá que no aplican en el resto del país. También desconocen la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, que ha sido clara: el aborto es un derecho y el Estado no tiene por qué inventarse obstáculos para ejercerlo. Si una mujer quiere abortar hasta la semana 24 de gestación, lo único que necesita es solicitar el procedimiento. Todo lo demás es sabotear su autonomía. Eso es lo que quiere el Concejo de Bogotá.
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