19 Feb 2016 - 8:27 p. m.

El conejo de las Farc

El rol del Gobierno no puede ser únicamente el de dar el permiso para las visitas y dejarles a los verificadores internacionales y a la buena voluntad de las Farc el resto.

El Espectador

Las fotografías son claras: los negociadores de las Farc en La Habana están entre la población civil, acompañados por guerrilleros armados y sin Fuerza Pública alguna, haciendo política. Más allá de todas las condenas públicas que se han hecho por ello en estos días, lo que se demuestra es una falla importante en el diseño estructural de los diálogos de paz: ¿Cómo es posible que el Gobierno Nacional no hubiese previsto y evitado una situación tan dañina como esta?

Según los testimonios de los pobladores de Conejo, corregimiento de Fonseca en La Guajira, Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich llegaron en un helicóptero de la Cruz Roja a un evento organizado para hablar de los acuerdos de La Habana y a promover su visión de que una constituyente es necesaria como mecanismo de refrendación. Ni el Ejército ni la Policía hacen presencia, porque la llegada de los guerrilleros a la zona estaba autorizada por el Gobierno y verificada por delegados de Noruega y Cuba. El problema es que en ningún momento se aprobó el contacto con los civiles. La política, como bien se ha dicho, no puede hacerse con armas en las manos. Pensábamos que a estas alturas, las Farc ya habían entendido eso.

Tan pronto se publicaron las fotos tomadas por los pobladores, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que “por instrucciones del presidente de la República, las visitas de los delegados de las Farc a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos quedan suspendidas”.

Son dos las críticas que han surgido por lo ocurrido: quienes se oponen a que los miembros de las Farc entren al territorio nacional, sin importar el motivo, y los que consideran que es inaceptable que hablen con la población civil antes de haber firmado el acuerdo final y entregado las armas.

La primera objeción no es razonable. Así como en la sociedad civil hay un debate continuo sobre los acuerdos de La Habana, las Farc necesitan darlo entre sus filas, y la presencia de sus negociadores para dirigir esas discusiones es esencial. Esta era, por cierto, la quinta delegación que ha venido al país para hacer pedagogía de la paz entre sus militantes. Sólo en esta ocasión se conocieron faltas a los límites pactados entre las partes (no tener trato con la población civil y no participar con hombres uniformados y armados en eventos públicos con las comunidades).

El segundo reparo, sin embargo, sí es muy válido. Además de exigirles a las Farc que empiecen a utilizar el sentido común en sus actuaciones, especialmente por el daño a la confianza nacional que este tipo de abusos genera, las preguntas tienen que dirigirse hacia el Gobierno. No es la primera vez que el grupo guerrillero viola los permisos que se le han otorgado. ¿Por qué se sigue otorgando tanta libertad en actividades tan esenciales para el proceso de paz?

Si las visitas están pactadas y son autorizadas con antelación, el rol del Gobierno no puede ser únicamente el de dar el permiso y dejarles a los verificadores internacionales y a la buena voluntad de las Farc el resto. Además de existir reglas claras sobre lo que puede y no puede hacerse durante la estadía en el país, la Fuerza Pública debe hacer presencia para cerciorarse de que se cumplan, y no que el país se entere después mediante fotografías de la población atemorizada. Ya el proceso está muy maduro como para dejar vacíos que se presten para sabotearlo.

 

 

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