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El Congreso de la república tiene también un mandato democrático. Aunque es un principio obvio, parece que es una idea que se refunde cuando desde el Gobierno se intenta defender las reformas propuestas porque fueron elegidas en las urnas. Sí, el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño con una votación histórica y materializando un deseo de cambio en un buen porcentaje de los colombianos, pero todos los congresistas que fueron elegidos también llegaron allí respaldados por votos en un ejercicio democrático equivalente. Su tarea, entonces, de hacer contrapeso al Gobierno, presentar sus propias propuestas de reforma y erigirse como interlocutores válidos e ineludibles en el trámite de cualquier proyecto de ley tiene raíces en esa elección. Es necesario recordarlo, ahora que el país vuelve a tensionarse.
El gobierno Petro está frustrado. La semana pasada empezó con el anuncio de que había conseguido un 99 % de acuerdo en la ponencia de la reforma a la salud y terminó con el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador anunciando que no acompañarán la propuesta del Gobierno. Para completar, se supo que un sector del partido Alianza Verde está preparando su propio borrador de reforma a la salud. Al ver la coalición de gobierno desarmarse, las señales desde la Casa de Nariño parecen indicar que buscarán intermediación directa con cada congresista. Además, ya se habla, nuevamente, de acudir a las calles.
Tal vez la mayor frustración la demostró la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien esta semana dio unas declaraciones preocupantes: “Hay un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. Me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un Estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República”. Es curioso que esta sea la misma servidora pública que no les dio acceso al borrador de la reforma a varios sectores de la sociedad civil y quiso presentarla como la más discutida en la historia republicana de Colombia, cuando la realidad era muy distinta.
Todo empezó mal con el balconazo. Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro intentó defender su reforma a la salud criticando a los partidos aliados, con los que después fue a buscar la concertación. Pero todo parece indicar que el Ministerio de Salud ha sido incapaz de ceder y llegar a un acuerdo. Peor aún, la queja es que lo acordado en las reuniones técnicas nunca se integró después a la propuesta. Y vuelve entonces la amenaza de la calle y la idea de que hay un pueblo que respalda el cambio, negando el hecho de que los partidos que han pedido voz en la conversación son representación democrática de un sector de la sociedad. Eso no es un Estado de opinión, es la forma en que se delibera en una democracia.
Preocupa que ante la incapacidad del Gobierno de llegar a acuerdos razonables con los partidos, ya hay voces dentro del petrismo que proponen patear la mesa. Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, empezó a ambientar la idea de una asamblea constituyente. El presidente volverá al balcón y la propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a quien habíamos reconocido por su capacidad de conciliación, amenazó esta semana diciendo: “Nos vamos a las calles”. El Gobierno no puede olvidar que la división de poderes y el trámite legislativo son pilares de nuestra democracia.
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