Aunque los reflectores nacionales se los ha llevado la reforma a la salud presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, es importante que el país y el Congreso no dejen pasar la oportunidad de dar un debate riguroso y necesario sobre la también presentada reforma al Código Penal dirigida por el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Tramitada con sentido de urgencia, se trata de un diagnóstico acertado de la crisis del sistema penitenciario y de las promesas fallidas de tener una justicia restaurativa en el país. Es un paso en la dirección correcta que debería venir con un abandono por consenso, de una vez por todas, del populismo punitivo que tanto atrae a los políticos.
La reforma ha despertado polémica desde antes de ser presentada. La líder de esa oposición con más visibilidad es tal vez la alcaldesa Claudia López, quien en sus últimos meses de mandato ha visto cómo la seguridad de la capital es uno de los lunares más grandes de su administración. En una carta que hizo pública, la alcaldesa distrital pidió una “masiva movilización ciudadana contra la impunidad” y fue vehemente al afirmar: “Creo que los derechos de los que roban, atracan y hasta matan no pueden estar por encima de los de millones de colombianos que trabajamos, estudiamos y vivimos honradamente”. Acusó al Gobierno de que “con esta ley se pretendería excarcelar a los pocos delincuentes que hemos podido poner tras las rejas”.
Su mensaje tuvo eco, especialmente en los ciudadanos que ven con hastío la inseguridad. Hay una creciente admiración, especialmente en los sectores de la derecha ideológica, por la supuesta mano dura representada por el autoritarismo de Nayib Bukele, quien a punta de violar derechos humanos y sabotear la institucionalidad se ha vendido como el encarcelador en jefe. El problema es que el populismo punitivo, desde la versión de la alcaldesa López hasta la más radical de Bukele, es una estrategia fallida. Atractiva en el mensaje, pero inútil en la práctica.
La reforma del Gobierno al Código Penal no solo no dejará libres a personas antes de que cumplan sus penas, sino que entiende que seguir creyendo en el populismo punitivo no tiene razón de ser. Lo han dicho múltiples expertos penalistas y lo demuestran los sistemas penitenciarios del mundo: más cárceles y más penas no reducen la criminalidad, no evitan las tragedias ni les dan justicia a las víctimas. Peor aún, lo único que logran es que los gastos del Estado aumenten mientras las personas privadas de la libertad son sometidas a tratos inhumanos. Tuvo razón el ministro Osuna cuando le dijo a Noticias Caracol que “hoy en día, efectivamente, la cárcel es una escuela del delito”. Por donde se le mire, el sistema penitenciario colombiano es un fracaso.
Por eso, las propuestas planteadas de justicia restaurativa, reducir la pena máxima, fortalecer los incentivos de resocialización y usar más la casa por cárcel son pasos en la dirección correcta. Se quedan cortos, es verdad, y la eliminación de ciertos delitos es cuestionable. Por eso es necesario que el Congreso, distraído por el frenesí de la reforma a la salud, no olvide aportar sus ideas a esta reforma, para fortalecerla y que, ojalá, implique un cambio de paradigma en el sistema penitenciario colombiano.
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