Cada 9 de abril, Colombia detiene su rutina para recordar a las víctimas del conflicto armado. Va más allá de ser una fecha simbólica: es un mandato legal consignado en la Ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas— y, sobre todo, una oportunidad para que quienes han cargado con el peso de la guerra sean escuchados en el escenario institucional más alto del país, el Congreso de la República.
Lo ocurrido este año, sin embargo, deja preguntas difíciles de ignorar. Por primera vez en 15 años, la sesión conjunta destinada a las víctimas fue levantada por falta de quórum. Apenas 18 de los 296 permanecían al final de la jornada, que la misma presidencia del Senado calificó como “lamentable”. La norma obliga a cerrar la sesión en esas condiciones.
Para muchas víctimas presentes, lo ocurrido confirmó una percepción que viene acumulándose con los años: que el espacio existe, pero no siempre garantiza una escucha real. La intervención de Adriana Pérez, representante de la Mesa de Víctimas de Antioquia, lo expresó con claridad durante la sesión: “Doce años lleva esta Mesa Nacional de Víctimas viniendo al Congreso y es primera vez que se levanta una sesión (…). Eso es una falta de respeto con las víctimas que viajaron por más de diez horas para ser escuchadas acá”, dijo.
María Claudia Tarazona, esposa del congresista asesinado Miguel Uribe Turbay; Alba Murcia, madre del subintendente Frankie Hoyos, secuestrado al parecer por el ELN en Arauca en 2025; Margarita Restrepo, uno de los rostros más visibles de las buscadoras de La Escombrera. Estas son algunas de las mujeres que hablaron el pasado 9 de abril ante un auditorio casi vacío. Esto significa que el Congreso hizo caso omiso de quienes hablaron en nombre de más de 10 millones de colombianos víctimas de violencias como desaparición, reclutamiento y confinamiento forzado, secuestro, violencia sexual, asesinato a manos de diversas guerrillas, grupos paramilitares, crimen organizado, entre otros actores que, incluso, incluyen al Estado.
También hay un cuestionamiento más estructural sobre la manera en que se desarrolla este acto. No es la primera vez que la atención de los congresistas resulta, por decir lo menos, insuficiente. “Cuántas veces no hemos visto que los congresistas llegan a la hora que quieren, pero si están, están hablando, se paran, se ríen, están en el celular y no escuchan a las víctimas”, aseguró Pérez a El Espectador.
Lo ocurrido este año es el punto más visible de un problema que se ha venido acumulando.
La conmemoración del Día de las Víctimas no debería convertirse en un trámite más dentro del calendario legislativo. Su sentido radica precisamente en ofrecer un espacio de escucha efectiva, donde las voces de quienes han vivido la guerra puedan incidir, ser reconocidas y, eventualmente, traducirse en respuestas institucionales.
Tal vez lo ocurrido invita a una reflexión más amplia. No solo sobre el compromiso del Congreso con este espacio, sino sobre la manera en que como sociedad nos relacionamos con la memoria y con quienes han sufrido el conflicto. En un contexto global marcado por múltiples violencias, el riesgo de normalizar la distancia frente al dolor ajeno es cada vez más evidente.
Mantener abiertos estos espacios no es suficiente y no se pueden dar por sentados. El desafío está en dotarlos de sentido para escuchar, permanecer y responder. Sin eso, la conmemoración corre el riesgo de quedarse en la forma, mientras el fondo —la voz de las víctimas— vuelve a quedar en segundo plano.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
