El Congreso tiene la palabra (y la obligación) de avanzar en la legislación anticorrupción

El Espectador
21 de septiembre de 2018 - 00:00 a. m.
Ya en el pasado el Congreso ha prometido enfrentar la corrupción con proyectos similares, solo para terminar en dilaciones y hundimientos. Eso no puede ocurrir de nuevo. / Foto: Prensa Senado de la República
Ya en el pasado el Congreso ha prometido enfrentar la corrupción con proyectos similares, solo para terminar en dilaciones y hundimientos. Eso no puede ocurrir de nuevo. / Foto: Prensa Senado de la República

Los resultados de la consulta anticorrupción siguen rindiendo frutos. Después de dos semanas de diálogos en la Mesa Técnica Anticorrupción, el presidente Iván Duque y representantes de todos los partidos políticos radicaron, el martes pasado, siete proyectos de ley que buscan atacar de frente la corrupción. Aunque se habla de intentar aprobar las nuevas leyes antes de fin de año, es probable que el proceso sea más largo. Es necesario que los parlamentarios entiendan que no es momento de seguir jugando a la política para hacerles conejo a las reformas que ya están sobre la mesa.

Como lo dijimos en su momento, una de las mejores noticias que ha recibido el país este año ha sido la unión de las fuerzas políticas en torno al clamor anticorrupción, impulsado por las votaciones en la consulta. La imagen de representantes de todo el espectro ideológico nacional sentados en la Casa de Nariño, invitados por el presidente Duque, llegando a conclusiones con impactos tangibles, sigue siendo un claro ejemplo de que existe otra manera de hacer política. El riesgo estaba en que el gesto se quedara en una fotografía, pero dos semanas después vemos que se sigue avanzando: ya hay propuestas reales sobre la mesa. En palabras del presidente Duque, “ya poco importa si no se alcanzó el umbral porque lo que se logró fue un consenso entre todos”.

¿De qué tratan los proyectos radicados? Como lo contó El Espectador, las propuestas son la congelación y posterior reducción del salario de los congresistas, cárcel para corruptos y prohibición de contratación con el Estado, la extensión de los pliegos tipo a otros sectores del Estado, la implementación de audiencias públicas para definir presupuesto, la obligatoriedad de la rendición de cuentas y de la presentación de la declaración de renta, y la limitación a máximo tres períodos en las corporaciones públicas de elección popular.

Angélica Lozano, una de las principales promotoras de la consulta, dijo que “estos proyectos reflejan fielmente los siete mandatos de la Consulta Anticorrupción. Ya se hizo la radicación, no hay ningún ‘mico’ en lo radicado. Llegó la hora de que los ciudadanos estén encima exigiendo a los partidos políticos que lo voten”.

Nos unimos a ese último llamado. Ya en el pasado el Congreso ha prometido enfrentar la corrupción con proyectos similares a los presentados, solo para terminar en dilaciones y hundimientos que erosionaron la confianza de los colombianos. Eso no puede ocurrir de nuevo.

El no haber logrado el umbral significa que los parlamentarios no tienen una obligación legal de darles trámite a los proyectos, pero sin duda alguna hay un imperativo moral. Especialmente porque todas las fuerzas políticas tuvieron voz y voto durante los diálogos de la Mesa Técnica Anticorrupción. Su compromiso no debe quedarse en puras poses.

El presidente envió los proyectos con mensaje de urgencia, lo que permite agilizar su trámite. Sin embargo, el objetivo de aprobarlos antes de fin de año parece difícil de conseguir. La clave está en que, de todas maneras, los parlamentarios trabajen con la mayor celeridad posible para que los colombianos vean estas leyes aprobadas en el menor tiempo posible.

Desde el Congreso se han expresado discursos rimbombantes contra la corrupción. Ahora el parlamento tiene, de nuevo, la palabra. Ojalá no olvide que también tiene el deber de actuar.

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Por El Espectador

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