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La libertad de venta del aguardiente en Colombia nos recuerda que el sistema fiscal de las entidades territoriales es endeble y está plagado de contradicciones. Aunque nos parece que la Corte Constitucional tomó una decisión acertada al permitir la libre elección de los consumidores en todo el país, también somos conscientes de que será un duro golpe a los escasos recursos que los departamentos tienen para sus sistemas de salud. Eso pasa por una discusión mucho mayor: ¿por qué nunca se nos han ocurrido alternativas de financiación para las entidades territoriales que no dependan de los vicios?
La discusión era la siguiente. Según la ley, los departamentos con sus propias licoreras pueden suspender la expedición de permisos para la venta de otros aguardientes en su territorio. Eso en la práctica se ve en que, por ejemplo, en Bogotá y Cundinamarca no se puede consumir Aguardiente Amarillo de Manzanares, mientras que en Antioquia no se puede comprar Aguardiente Cristal. La lógica de permitir ese tipo de monopolio tiene que ver con la financiación de los sistemas de salud de cada departamento.
El argumento a favor del monopolio no es menor. En el marco de este debate, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dio unas cifras contundentes. Desde que se permitió el monopolio en 2017, las ventas pasaron de 4,3 millones de botellas a 10,8 millones en 2023, lo que representa un aumento del 151 %. No hay que descuidarse: esos recursos van directamente a pagar a profesionales de la salud y la mejora de la infraestructura del sector. Se trata de una de las pocas fuentes confiables de ingresos para las entidades territoriales en un país tan centralista como Colombia.
Sin embargo, esa misma financiación tiene una contradicción esencial. No tiene sentido que, para financiar el sistema de salud, necesitemos que las personas consuman más alcohol. Esta herencia de siglos, pues es una práctica desde los tiempos de la Colonia, ha llevado a que nuestro país nunca se haya hecho la pregunta por cómo financiamos a las entidades territoriales. El único gran debate reciente al respecto fue la modificación al Sistema General de Participaciones, pero los efectos de esa ley siguen en el aire, por lo que la angustia de los gobernadores es comprensible.
Todo esto nos aterriza de vuelta en el aguardiente. Aunque se comprende la necesidad del tributo, es ridículo que se limite la libre competencia en un país con libertades individuales protegidas por la Constitución. Lo propio dijo la Corte Constitucional. Al tumbar el monopolio, los magistrados escribieron que “los consumidores de aguardiente se ven privados por completo de la libertad de elegir al proveedor del aguardiente que consumirán. De la misma forma, la libertad de elegir qué tipo de aguardiente consumirán se reduce a las variedades que produzca la industria licorera departamental”. Por eso, “las normas acusadas exceden y desbordan lo que señala la Constitución al permitir los monopolios como arbitrios rentísticos y restringen de manera arbitraria la libertad económica, la libre competencia económica y la libertad de elección de los consumidores”.
Estamos de acuerdo con la Corte: en Colombia las personas deben tener libertad de elección. No obstante, el Congreso necesita escuchar a los gobernadores y su afán por obtener recursos. No se le puede dar más largas a la ausencia de alternativas de financiación.
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