25 Apr 2021 - 3:00 a. m.

El cumplimiento del Acuerdo no aguanta equívocos

El Espectador

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La realidad política colombiana ha sido injusta con los excombatientes de las Farc. Y no hablamos de los excomandantes de la guerrilla que ahora ocupan altos cargos en el Congreso, sino más bien de los miles de exmiembros de las Farc que le apostaron a la paz, creyeron las promesas del Estado y, a pesar de los incumplimientos y la violencia en su contra, han seguido en la legalidad, construyendo país y creando su propio proyecto de vida. En retorno, son constantemente perseguidos por las fuerzas ilegales que no pudieron reclutarlos, son discriminados por su pasado en las filas de la guerrilla y son asediados por la falta de oportunidades y la persistente ambivalencia de los líderes políticos. Las palabras de la canciller Claudia Blum en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son una ofensa más que no solo los pone en riesgo, sino que le recuerda al país lo difícil que sigue siendo cumplir el Acuerdo.

La canciller Blum fue muy clara en lo que dijo y como lo dijo. Ante la ONU, afirmó que “debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”. Al día siguiente, ella y el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, dijeron que los comentarios habían sido malinterpretados. Refiriéndose a los traidores del Acuerdo de Paz, como Jesús Santrich, Archila dijo que ellos “son los que tienen que responder individualmente, y esta no es una responsabilidad que le corresponda al partido Comunes”. En eso estamos de acuerdo y es bienvenida la retractación del Gobierno. Sin embargo, el mensaje oficial ante el Consejo de Seguridad fue claro y resulta peligroso.

Es una tragedia que existan las disidencias y que los traidores del Acuerdo estén delinquiendo apoyados en el narcotráfico y respaldados por regímenes autoritarios extranjeros que quieren fomentar la inestabilidad nacional. Frente a ellos hemos sido vehementes en apoyar al Gobierno: quien cometa delitos tiene que enfrentar las consecuencias. Ahí no hay debate.

Debe evitarse, sin embargo, la estigmatización ligera de los excombatientes que han estado y siguen comprometidos con la paz. Su posición es precaria y su realidad es una constante amenaza a su vida. No es su culpa que otros excombatientes hayan retomado las armas y vuelto a la ilegalidad. Crear esa dicotomía es volver a los peligrosos discursos que hablaban de un brazo político y otro armado de las Farc. Ya sabemos toda la sangre y el sufrimiento en lo que eso terminó. ¿Vamos a permitir que se repita la historia?

Con cierre de cuentas en marzo, desde 2016 han sido asesinados 276 excombatientes de las Farc, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Otros han denunciado amenazas y muchos obstáculos para sus proyectos productivos. Por eso, tiene razón Humberto de la Calle, el exjefe negociador en La Habana, cuando escribe que las afirmaciones de la canciller ponen “en riesgo la vida de excombatientes que dejaron las armas. Es la negación del Acuerdo”.

El Gobierno y su partido han mantenido discursos paralelos y contradictorios sobre el Acuerdo, desde los ataques a la JEP hasta la hostilidad frente a las promesas firmadas. Por eso las declaraciones de la canciller despertaron tantas protestas: no se sienten como un hecho aislado, sino como la continuación de una posición de Estado ambivalente. Seguimos manteniendo muchas deudas abiertas con la paz.

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