El DAS y las excusas

Esta posibilidad, que ya antes había sido considerada, vino acompañada de una arremetida gubernamental contra la propia institución. Para su director, Felipe Muñoz, los problemas del DAS son de vieja data y justifican el cierre absoluto de la entidad. Es lo que algunos ya denominan “crisis estructural”.

Como respuesta gubernamental al escándalo por la intromisión en la vida privada de magistrados, opositores y periodistas, esta estrategia de defensa resulta, como mínimo, contradictoria. Si el Gobierno tenía información tan detallada de las fallas sistemáticas que aquejan al DAS ha debido hacer público, desde hace mucho tiempo, la necesidad de clausurarlo. Pero no lo hizo. Antes bien, alguien, que esperamos la justicia sepa decirnos quién, ordenó hacer seguimientos, hostigar a personas e interceptar llamadas telefónicas haciendo uso de esa entidad. Y todavía se nos dice, como lo hizo Muñoz, que este no es un problema de gobierno sino estatal y que la cúpula del organismo se enfrenta a un juicio histórico por todos los crímenes cometidos en el pasado. Esto ya raya con el  cinismo; el Gobierno  parece querer decirnos que como siempre ha habido actividades criminales en el DAS, no deberían alarmar  las más recientes.

Resulta igual de errático que el propio ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, sea el encargado de difundir todo tipo de sospechas sobre la supuesta participación del organismo de inteligencia estatal en cuanto magnicidio ha ocurrido en los últimos 25 años. Desde José Antequera, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda y Jaime Garzón, hasta Guillermo Cano, todos habrían sido víctimas del DAS. Un uso bastante provechoso —y retorcido— de la impunidad, que lleva a la vez a preguntarse si desde el Gobierno se está considerando como válida la posibilidad del terrorismo de Estado. Por lo demás, por simple respeto a los familiares de estos colombianos asesinados, el Ministro ha debido acompañar su aseveración de una que otra prueba. Tampoco lo hizo cuando explicó que todas las mafias —guerrilla, narcoparamilitares y bandas criminales incluidas— eran las culpables de las infiltraciones.

En síntesis, el Gobierno parece estar más interesado en minimizar la gravedad de los hechos ocurridos durante los últimos ocho años, que en aclarar de una buena vez por todas qué fue lo que ocurrió en el DAS, quiénes están detrás de las órdenes impartidas, qué garantiza que no se repetirán y quién asumirá la responsabilidad política por los hechos. De acá que el énfasis de las explicaciones gubernamentales esté en el uso maquiavélico que se hace del pasado y en hacernos creer, además, que el DAS es una rueda suelta.

 Ante este oscuro escenario de excusas y maniobras es difícil no dudar de los verdaderos intereses que se esconden en la reiterada decisión de cerrar por completo el organismo adscrito a la Presidencia. La continuidad o no del mismo es un debate válido que el Congreso habrá de abordar en el momento en el que discuta el proyecto de ley que daría vida a una agencia con otra estructura. Es más, pocos discuten la importancia de contar con una oficina de inteligencia estatal. Pero como están las cosas, esta insistencia en un cierre definitivo de la polémica institución parece ser otra maroma encaminada a impedir que prosperen las investigaciones judiciales que ya adelanta, finalmente con algún asomo de  éxito, la Fiscalía.