Mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue tomando decisiones en casos relacionados con los exguerrilleros de las Farc, el presidente Iván Duque y sus aliados en el Congreso insisten en argumentos caducos contra su labor. Algunas de las tácticas empleadas para influenciar la votación de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP en el Congreso son ataques encubiertos al equilibrio de poderes y a las reglas de la institucionalidad colombiana. Los parlamentarios no pueden permitir que se siga obstaculizando la entrada en plena vigencia de la justicia transicional.
El caso de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, conocido en la guerra como el Paisa, promete ser un hito para la justicia transicional. Como no se ha presentado ante el tribunal de paz, los magistrados decidieron quitarle el beneficio de libertad condicionada al exjefe guerrillero y emitir una orden de captura. Por eso, el presidente Iván Duque les dio instrucciones a las autoridades para que lo persigan y el Ministerio de Defensa está ofreciendo una recompensa de $3.000 millones por información para dar con su paradero. Más allá del debate sobre si los magistrados debieron ser más severos en su sanción, ¿no es esto evidencia práctica de cómo, cuando la JEP y el Ejecutivo trabajan de manera coordinada, se puede combatir la impunidad sin desestabilizar el Acuerdo de Paz?
Al hablar sobre el Paisa, el presidente Duque dijo que celebra “que el país esté unido reclamando esa captura y vamos a trabajar para cumplir ese mandato del pueblo colombiano”. El mandatario no debería ignorar que esa unión, tan deseada, se está dando no en menor medida gracias a que la JEP operó según su mandato.
Por eso es tan lamentable que el presidente haya dicho también que a la ley estatutaria de la JEP “se le entró no un mico sino un King Kong, porque ahí quedó un artículo a través del cual los supuestos terceros que vayan a decir supuesta verdad eluden de manera permanente la extradición”. Uniéndose a las críticas del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el mandatario insiste en que la JEP va a servir para que narcotraficantes y mafiosos salgan impunes.
Esa posición no solo es contraevidente a la manera en que la JEP ha venido desempeñando su labor, sino que parece no tener en cuenta que la Corte Constitucional ya aclaró ese asunto. Reiteramos lo dicho por Yesid Reyes en columna para El Espectador: la norma y la jurisprudencia son claras al decir que “el artículo que critica no puede ser nunca aplicado a narcotraficantes”.
No tiene sentido todo el desgaste institucional patrocinado por el Gobierno Nacional que ocasionaron las objeciones a la JEP. Preocupa, además, que se estén utilizando todos los tipos de estrategias posibles para influenciar y desconocer la voluntad de los congresistas que defienden la ley estatutaria. Que Ernesto Macías, presidente del Senado, haya interpuesto una tutela contra la votación de la Cámara de Representantes buscando desconocer la aplastante derrota de las objeciones es un impresentable ataque a la separación de poderes y a la estructura institucional de Colombia. Esto, unido a sus tácticas de dilación que paralizaron la agenda legislativa, no hace más que afectar la confianza de los colombianos en el Congreso.
Podíamos habernos evitado este caos. Otra sería la situación del país si el Gobierno hubiese decidido ayudar a que la JEP pueda hacer su trabajo sin obstáculos. En cambio, estamos viendo un choque de trenes inútil.
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Por El Espectador
