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La discusión sobre la reducción del salario de los congresistas ha dejado varias postales. Escuchamos a parlamentarios compararse con las lógicas del mercado de futbolistas y lamentarse porque no es suficiente lo que reciben para estar viajando desde sus regiones a Bogotá, pero quizá lo más problemático ocurrió con la aprobación en segundo debate del proyecto de ley: una proposición que permite a los miembros del Congreso desempeñar otras actividades económicas mientras están en el cargo. Si en efecto se aprueba esa posibilidad, cualquier efecto simbólico de la reducción del sueldo se verá reemplazado por la preocupación sobre corrupción y tráfico de influencias.
Más allá de los discursos en público, da la sensación de que los congresistas no quieren que se reduzca su salario. No en vano llevamos muchos años en la misma discusión. Siempre se obstaculiza, de manera directa o indirecta, con excusas que van desde los derechos adquiridos hasta la inconveniencia de la reducción. Consideramos, sin embargo, que hay una razón de peso para el proyecto: los ciudadanos lo han pedido. Y no se trata de una solicitud abstracta. En 2018, en la consulta popular anticorrupción, 11’420.208 colombianos votaron a favor de la reducción del salario de los congresistas. Como referencia, el Congreso actual fue elegido por 18’636.732 votos. Es decir, hay un abrumador mandato popular para la reducción del sueldo.
No estamos hablando, además, de una petición extraordinaria. Actualmente, cada congresista del país recibe $43’418.537 de sueldo. Restando prestaciones y retención en la fuente, a cada uno le llegan $27’359.000. Por cierto, con la nueva reforma tributaria, como explicó el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Luis Carlos Reyes, “un congresista venía pagando en total de impuestos al año más o menos $114 millones y ahora pasará a pagar $169 millones; esto es un aumento de casi $55 millones al año en tributación adicional”.
Entonces: ¿de verdad están tan mal pagos los congresistas como para no justificar la reducción? El proyecto aprobado por el Senado busca eliminar la prima especial de servicios, que este año quedó en $14’256.848. Si en efecto se aprueba en el Congreso, enviará un mensaje de que los legisladores sí escuchan las preocupaciones de los colombianos y están conscientes de que el país necesita austeridad. Sin embargo, conociendo el pasado, es probable que haya más obstáculos en el camino.
Lo que definitivamente no debería aprobarse es la posibilidad de hacer otras actividades económicas al tiempo que se es congresista. El servicio público requiere dedicación de tiempo completo. Más importante aún, no puede haber dudas sobre posibles conflictos de intereses. Si con la situación actual ya hay suficientes cuestionamientos a la autonomía de los congresistas, ¿qué pasará si con la nueva propuesta pueden tener ingresos adicionales? Y volvemos a la pregunta: ¿acaso el sueldo que tienen no es suficiente? ¿Cómo se conduele todo esto con la realidad de los colombianos?
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