Dinero Rápido, Fácil y Efectivo (D.R.F.E.), una de las ‘pirámides’ más grandes, que cesó sus pagos el pasado miércoles y la única intervenida hasta ahora por la Superintendencia Financiera, había recogido ella sola entre abril y septiembre la bicoca de 400.000 millones de pesos en un total de 94.000 operaciones no autorizadas. Lo cual indica el tamaño de la crisis que se anuncia con el desplome de estos negocios de papel.
Con justa razón los ojos se posaron ayer sobre el Gobierno y la Fiscalía, que ante un fenómeno evidente, tardaron demasiado en reaccionar. Su preocupación por momentos pareció estar más en los problemas de congestión que provocaban las colas de gente al frente de estos establecimientos que en la estafa palpable que se anunciaba a través de empresas constituidas de manera legal y que operaban en completa normalidad.
A la vez que ayer comenzaban a mostrar el afán que se venía extrañando, las autoridades se escudaron en la carencia de herramientas legales suficientes para actuar contra las pirámides y negocios similares, y el Gobierno en haber presentado al Congreso un proyecto de ley para penalizarlas. Nunca supimos, sin embargo, de reuniones de la bancada en la Casa de Nariño para impulsar la aprobación de la iniciativa, como tantas que ha habido para reelecciones, referendos y demás. La indiferencia de las autoridades frente al problema es inocultable y fue lo que permitió que llegara a las dimensiones que hoy asustan.
Pero si el Gobierno nacional, y aun más los gobiernos locales, fueron indiferentes, la inacción de la Fiscalía resulta desconcertante. En el caso de DMG —el más grande y más antiguo de este tipo de negocios—, cuatro investigaciones, algunas abiertas desde hace más de dos años, con evidencias tan asombrosas como la incautación de un camión con $7.370 millones en efectivo y el decomiso de otros $4.760 millones también en efectivo en una avioneta, no han alcanzado para emitir acción judicial alguna contra esa empresa. De las demás, ni hablar. Apenas ayer, en medio de la presión mediática, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) reclamó de DMG y otras 71 empresas que le informen al detalle sus transacciones.
A estas alturas, la avalancha de cesación de pagos se anuncia incontrolable. Por eso se piensa ahora en el manejo de la debacle, tanto desde el punto de vista de orden público —que ya el miércoles obligó a decretar el toque de queda en siete municipios, entre ellos dos capitales—, como de la crisis social que generará una quiebra masiva como la que se prevé. El Presidente de la República ha solicitado un censo de los afectados en los estratos 1 y 2, lo que anuncia un plan compensatorio para ellos. Importante, por supuesto, pensar en cómo aliviar el impacto en tanta gente necesitada, pero resultaría un despropósito pensar en que el Estado les deba reconocer a los ahorradores su inversión. Difícil poder sustentar éticamente cualquier intervención de rescate ante lo que fue una estafa apenas previsible, en la que no sólo cayeron incautos poco educados sino, antes que nada, ambiciosos de todos los estratos.
Finalmente, quizás lo más sorprendente de esta estafa masiva en desarrollo ha sido la reacción de los propios ahorradores, que siguen defendiendo a estas empresas y ven en la intervención estatal una suerte de conspiración de la banca formal contra el pueblo. Lo cual, en medio del absurdo del argumento, sí debería abrir una reflexión en el sistema financiero sobre sus relaciones con el ciudadano, que lo que percibe es una rentabilidad discreta, cobros de comisiones y servicios crecientes y grandes ganancias año tras año de los bancos.
Por El Espectador
