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Mientras el Ministerio de Igualdad termina de naufragar en el Congreso de la República, salvo algún milagro legislativo que es improbable, una treintena de trabajadores de la entidad llevan varios días protestando por la improvisación que ha marcado su proceso de liquidación. El Gobierno Nacional, sin duda distraído por las elecciones del próximo domingo, ha enviado mensajes contradictorios sobre lo que ocurrirá con los funcionarios y el futuro de una entidad que en algún momento fue parte de sus propuestas insignias. Esta forma de terminar el mandato del Ministerio muestra los problemas de los que adoleció desde el principio y la falta de interés por tomarse en serio una propuesta que pretendía modificar la manera en que el Estado colombiano acompaña a sus poblaciones más vulnerables.
Hace apenas semana y media, el viceministro (e) de Poblaciones y Territorios Excluidos, Santiago Salinas, le dio una entrevista a El Espectador. Allí recordó la importancia del Ministerio de la Igualdad: “Es la primera institución nacional para muchísimas poblaciones: para la población habitante de calle, para la población de adultos mayores y de mujeres cuidadoras. Representa, además, la posibilidad de los pueblos étnicos y campesinos de tener una institucionalidad dedicada al cierre de brechas de cada una de ellas”. Sin embargo, el mismo funcionario reconoció que “el Ministerio que existe hoy en día debe cerrar sus procesos administrativos y misionales”.
Una circular dada a conocer por El Tiempo, enviada a los funcionarios del Ministerio, decía que hoy 19 de junio se realizaría la entrega formal de bienes institucionales, equipos y paz y salvos. Pero los mensajes han sido confusos para quienes trabajan allí. El sindicato de la entidad, Sintraigualdad, se declaró en mesa permanente y ha convocado al ministro Luis Acosta a diálogos, pero también los dejó plantados en una reunión de alto nivel. Como le dijo un servidor público a El Tiempo: “El cierre del Ministerio es un hecho, pero los trabajadores han sido maltratados por la improvisación”.
No es una sorpresa. El manejo del Ministerio de la Igualdad se la ha pasado entre el desdén, el desinterés y la franca negligencia. Anunciado con bombos y platillos, fue puesto a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, quien terminó distanciada públicamente del presidente Gustavo Petro y lanzando acusaciones de racismo en el interior del Gobierno. Después de ella vinieron Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Luis Alfredo Acosta. Un desfile de funcionarios que no tuvieron tiempo suficiente para crear planes a largo plazo ni demostrarle al país la importancia de mantener vivo al Ministerio. A pesar de que la Corte Constitucional extendió un generoso plazo de años para salvar a la entidad de los errores de forma que se cometieron en su creación original, quedó la sensación de que a la Casa de Nariño poco le interesó hacer un esfuerzo real por darle viabilidad. Al final el Ministerio quedará con una precaria ejecución del 8,8 % del presupuesto y marcado por múltiples escándalos de acoso laboral, sexual y nombramientos indebidos.
Eso no significa que el país deba abandonar las ideas que representaba el Ministerio de la Igualdad. Es cierto que hay poblaciones vulnerables que terminan siendo abandonadas en medio de complejas burocracias de subsidios y programas de apoyo. También es una realidad que las acciones que rompan la desigualdad requieren funcionarios dedicados a pensarse en políticas públicas que ayuden a materializar el cambio social. Dicho eso, estos cuatro años nos dejan un mapa de qué no hacer y de cómo las mejores intenciones se diluyen ante la incompetencia estatal.
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