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La reciente represión desatada en Nicaragua por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha llevado a la cárcel a los principales contendores para las elecciones presidenciales de noviembre, así como a periodistas y opositores a su régimen. Estas acciones son un insulto a la democracia en la región. Cada vez más aislados, con el rechazo de la comunidad internacional y sanciones contra ellos y miembros de su familia, Ortega-Murillo han superado en asesinatos, vulneración del Estado de derecho y corrupción al régimen de Anastasio Somoza, el dictador que Ortega ayudó a derrocar en 1979.
La única manera de frenar las tropelías y lograr un proceso electoral libre, transparente y con observación externa es aumentar la presión internacional, política y económica contra el régimen. Debe hacérseles entender a Ortega-Murillo que sus elecciones espurias de noviembre no van a ser reconocidas. No puede ser de otra manera. A diferencia de Venezuela, cuya dictadura cuenta con petróleo y apoyo de Rusia y China, Ortega depende del intercambio comercial con Estados Unidos, a través del tratado de libre comercio vigente, así como su comercio con Europa y los demás países centroamericanos. El aumento de las sanciones afecta al régimen donde más lo debilita.
En lo político, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una fuerte carta al Consejo Permanente de la organización para que aplique la Carta Democrática Interamericana. Hoy se reúne en Washington dicha instancia multilateral para adoptar una decisión al respecto. Almagro pide acciones de la OEA frente a Nicaragua tras la “ruptura del orden democrático” debido a la “arremetida sin precedentes” del gobierno, lo que condujo a una “alteración del orden constitucional”, tal y como lo establece la Carta Democrática. En octubre del año anterior se aprobó una resolución en su Asamblea General para que en mayo del 2021 se implementaran las reformas electorales que condujeran a elecciones libres. Es de esperar que los 34 Estados miembros atiendan el requerimiento de Almagro e inicien de inmediato el proceso que concluya con la separación de Nicaragua de la OEA. El Gobierno de Colombia debería actuar de manera decisiva en ese sentido, al igual que lo ha hecho contra el régimen de Maduro.
Durante la última semana han sido detenidos, mediante procesos amañados y sin sustento legal alguno, precandidatos o líderes políticos y empresariales como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais y otras 20 personas. Dora María Téllez, excomandante sandinista y fuerte crítica de Ortega, había dicho que el objetivo de este es “eliminar toda candidatura, toda oposición, es el objetivo de una dictadura en agonía”. El reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro considera esta situación como “un nuevo golpe de Estado contra el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos en libertad”. El exvicepresidente y laureado escritor Sergio Ramírez ha señalado por su parte que “todo esto lo que demuestra es que el Estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo. Y mientras tanto, el abismo se ensancha a nuestros pies”. Tienen razón.
A la mayoría de los detenidos se les aplica una ley aprobada el año anterior, que castiga a quienes “inciten la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras”. Bajo estas premisas o la de un supuesto lavado de activos, el régimen busca perpetuarse en el poder. La comunidad internacional tiene que mantener su firmeza en defensa de la democracia, en especial en el marco de la OEA, donde sus Estados miembros deben honrar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos, como la Carta Democrática, para defender a los nicaragüenses en este momento crítico.
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