El difícil dilema de la extracción en Colombia

Se repitió la historia: convocados a las urnas, los pobladores de Cumaral, Meta, decidieron que no quieren proyectos extractivos en su territorio. El Gobierno, de nuevo derrotado y ante una problemática creciente, no sabe cómo reconciliar la voluntad popular con los compromisos adquiridos y la necesidad de fomentar la economía.

El Espectador
06 de junio de 2017 - 02:30 a. m.

Todas las partes pierden, porque la elección probablemente será ignorada, la inversión extranjera seguirá nerviosa y el Ejecutivo tendrá problemas de legitimidad. El país necesita, cuanto antes, encontrar una manera armónica de darles voz y voto a las comunidades superando la falsa disyuntiva que enfrenta al agua con el petróleo o los minerales.

En total fueron 7.703 cumaraleños quienes salieron a las urnas el pasado domingo a participar en una consulta popular convocada por su alcalde, Miguel Caro. La pregunta era la siguiente: “¿Está usted de acuerdo, ciudadano cumaraleño, con que dentro de la jurisdicción del municipio de Cumaral (Meta) se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos?”. El resultado fue previsible: 97 % de los votantes dijeron que no.

Lo hicieron, sin duda, pensando en que desde 2016 la empresa indochina Mansarovar llegó al municipio para hacer actividades de exploración en el Bloque Llanos 69, que el Gobierno le adjudicó en 2014. El bloque está conformado por 22.000 de las 69.000 hectáreas que conforman este municipio del Meta. El “no”, por lo menos en la mente de los votantes, era una negación a ese proyecto particular.

Pero, como le explicó Francisco Lloreda, quien es el presidente de la Asociación Colombia de Petróleos y vocero de Masarovar, a Semana Sostenible, “la consulta no es vinculante para las actividades petroleras que ya se están adelantando. Al respecto (el Consejo de Estado), ha sido claro en señalar que tienen efecto a futuro, pero que la decisión que adoptaron los cumaraleños no puede detener los proyectos que actualmente se están adelantando”. Ese es el mismo argumento que ha sido usado por el Gobierno en ocasiones similares.

Lo anterior representa varios problemas de legitimidad democrática y falta de armonía entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, temas que discutimos en un editorial de la semana pasada (“No podemos seguir de consulta en consulta”). Queremos sólo quedarnos, por ahora, en una pregunta esencial para el presente y el futuro del país: ¿cómo superamos la falsa dicotomía entre agua y petróleo?

Más allá de los motivos non sanctos que se han asociado a estas consultas, la realidad es que hay muchos pueblos del país que no han visto las bondades de las regalías y donde el discurso simplista en contra de la minería encuentra terreno fértil para crecer. Hay ejemplos por todo el mundo de extracción de hidrocarburos responsable, controlada, que no afecta la sostenibilidad de las regiones y permite que las finanzas de los países respiren. ¿Es imposible reproducirlo en el país?

Necesitamos reglas más claras, canales directos y eficientes de comunicación entre las comunidades y el Gobierno Nacional, y una redistribución de recursos que en realidad beneficie a los pueblos que sirven de hogar a estos proyectos. Nos reiteramos: no puede seguirse haciendo política pública en las urnas a través de las consultas. Pero tampoco es viable ignorar estas manifestaciones de la voluntad popular y seguir marginando a las comunidades de las decisiones que las afectan. La pelota está en la cancha del Gobierno, que ha adoptado una estrategia de oposición a las consultas que claramente no ha funcionado ni soluciona el problema de fondo. Si el país no encuentra un mecanismo apropiado para tener una planeación más sostenible e incluyente, lo de Cumaral, y Cajamarca y un largo etcétera, seguirá ocurriendo. Y ahí perdemos todos.

 

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Por El Espectador

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