Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La tragedia de la guerra en Colombia exige que los discursos en torno a sus momentos más difíciles sean responsables. El bombardeo del Ejército contra las fuerzas de Iván Mordisco en el Guaviare, que dejó siete menores de edad y otros 13 miembros del grupo muertos, ha causado justo revuelo. El presidente de la República, Gustavo Petro, asumió la responsabilidad y ha justificado su actuar con distintos argumentos, pero múltiples voces no le perdonan que había prometido acabar con la muerte de menores en medio de intervenciones de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo fue la que prendió las alarmas y lo menos que podemos hacer como país es preguntarnos si este dolor se pudo haber evitado.
Los menores de edad nunca deberían morir en medio de la guerra colombiana. En el caso de aquellos que son reclutados de manera forzosa, se trata de víctimas dobles. Primero, cuando los grupos criminales los persiguen y les arrebatan su proyecto de vida. Segundo, cuando el Estado, que no logró protegerlos en su vida antes del reclutamiento, tampoco los puede salvar en medio del conflicto. Cada una de esas muertes a causa de un bombardeo es una falla de Colombia como país, una vergüenza para nuestro proyecto de nación y una derrota moral. Esa es la herida abierta de la violencia que no se detiene en nuestro territorio.
El presidente Petro escribió ayer en su cuenta de X que “en las columnas de Mordisco solo tenían combatientes y no sabíamos de la presencia de menores”. Eso es un cambio importante a la actitud, por ejemplo, del entonces ministro de Defensa Diego Molano, quien durante el gobierno de Iván Duque defendió la muerte de menores en medio de ataques del Ejército por tratarse de “máquinas de guerra”. Hace cuatro años, en este espacio, escribimos que “el maniqueísmo de Molano oculta, por ejemplo, los factores socioeconómicos que permiten el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”. Es fundamental que los representantes del Estado colombiano no continúen en la estigmatización y reconozcan que cada vez que un menor muere en medio del fuego cruzado el país entero está perdiendo.
Otra consideración relevante fue el contexto del bombardeo de la semana pasada. El presidente explicó que se trató de una maniobra defensiva y desesperada para proteger a 20 soldados colombianos que iban a ser emboscados por 150 miembros de la disidencia de Mordisco. Con información incompleta, es evidente que el Ejército y el mandatario tuvieron que tomar una decisión compleja. Las realidades de la guerra, a menudo, crean dilemas tan dolorosos.
Por todo esto, buscar réditos políticos es la peor aproximación posible a esta discusión. Lo que vemos, en cambio, es una fuerza pública contra las cuerdas enfrentando unos grupos criminales fortalecidos por las fallas en política de seguridad del presidente Petro, sumada a problemas que vienen desde antes. ¿Significa, entonces, que justificamos el bombardeo contra menores de edad? No. Desde un punto de vista ético, la posición de la Defensoría del Pueblo es la correcta: el Estado colombiano debe hacer hasta lo imposible para evitar seguir contando menores muertos. Hemos fallado, una vez más. La ira que leemos entre tantas respuestas tiene de trasfondo la impotencia de sentir que la guerra en nuestro país está muy lejos de terminar.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
